El Defensor del Pueblo no comparte las explicaciones del Ministerio del Interior sobre la actuación de las fuerzas de seguridad en el salto a la valla de Melilla en el que al menos murieron 23 inmigrantes el pasado 24 de junio y reprocha cada una de las aclaraciones de la Secretaría de Estado de Seguridad.
Lo hace en su resolución íntegra sobre la investigación de lo ocurrido en el perímetro fronterizo de Melilla y Nador (Marruecos), de la que el pasado 14 de octubre avanzó sus primeras conclusiones y consideró que no se respetaron las «garantías legales nacionales e internacionales» al rechazarse en frontera a 470 personas.
La institución que dirige Ángel Gabilondo señala que recibió las primeras explicaciones de Interior el 20 de septiembre, un día antes de que el ministro Fernando Grande-Marlaska compareciera en el Congreso para defender la respuesta «firme, serena y proporcionada» de la Guardia Civil. Esta resolución, en la que el Defensor asegura que Interior no le ha enviado todas las imágenes sobre la tragedia, es a la que respondió la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla el pasado 10 de noviembre y remitió toda la documentación gráfica de la que dispone.
Tras haber visionado las imágenes captadas por el helicóptero y el dron de la Guardia Civil, el Defensor no se cree el argumento de que los agentes «no tuvieron constancia, ni observaron directamente, ni tampoco a través del perímetro fronterizo», la situación de riesgo a la que se expusieron los migrantes, así como que al acceder al interior del puesto no vieron heridos ni fallecidos porque las autoridades marroquíes «habían logrado neutralizar» el salto.
«Estas afirmaciones no pueden ser compartidas por esta institución», remarca el Defensor, que advierte de que en las imágenes se observa «como un número indeterminado de personas se encuentran amontonadas y, en varios casos, aplastadas en uno de los accesos del puesto fronterizo».
Asimismo, las imágenes captadas por el dron y la cámara del vallado ponen de manifiesto «la situación de peligro» que se desarrolló y de la que los agentes que participaron «debieran haber tenido información constante» por lo que «no resulta plausible que no se tuviera conocimiento alguno» de ese riesgo. Considera además que el lanzamiento de piedras por parte de los agentes españoles y marroquíes y que algunos guardias civiles «rociaran con un spray» a los migrantes «pudo intensificar la situación de peligro».
«Algunos agentes españoles buscan piedras y se las lanzan a las personas que están en la parte superior de la valla», indica la resolución, que detalla que un guardia civil «les rocía con gas para que no sigan intentando derribar la puerta del puesto».
Reprocha también el Defensor que no se le haya facilitado la información sobre la intervención de los servicios sanitarios y recuerda que en las imágenes se ve que hay dos cuerpos en la carretera «sin que se aprecie que reciban atención sanitaria». «Se observa en la carretera una ambulancia parada a cierta distancia de los vehículos de la Guardia Civil (…) que no interviene en ningún momento», añade el escrito.
Desde un primer momento, Marlaska siempre ha negado que se practicaran «devoluciones en caliente», algo que rebate el Defensor, que sostiene que se realizaron «entregas expeditivas a través el vallado» que no fueron «conforme a las mínimas exigencias legales». «Del visionado de las imágenes se constata que algunos agentes marroquíes acceden a territorio español y que agentes españoles les hacen entrega de las personas que habían conseguido interceptar, para proceder a su traslado a Marruecos», detalla Gabilondo.
Al Defensor también le llama la atención la versión de Interior de que los agentes españoles y marroquíes llevaron a cabo sus actuaciones «de forma autónoma» y que la colaboración se produjo «únicamente en la fase final de los acontecimientos», unos argumentos que contrastan con los aportados en el salto a la valla del 3 de marzo de este año, cuando se hablaba de «la actuación de ‘fuerzas hispanomarroquíes'».
