MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) –
El Defensor del Pueblo tramitó en 2018 un total de 17.697 expedientes: 16.998 quejas, un 45,6% menos que el año anterior, pero una cifra similar a 2016; 372 investigaciones de oficio y 327 solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad.
Así consta en el Informe Anual 2018, entregado este martes por el dirigente en funciones de esta institución, Francisco Fernández Marugán, a a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet y al presidente del Senado, Manuel Cruz.
Al total de expedientes hay que sumar los ciudadanos que fueron atendidos personalmente: 17.923, de los cuales 2.481 fueron presenciales y 15.442 fueron atendidos a través de llamadas de teléfono. Además, el Defensor formuló a las Administraciones un total de 1.152 resoluciones, de las que 329 fueron recomendaciones, 504 sugerencias, 318 recordatorios de deberes legales y 10 advertencias.
Entre las quejas, destacan las relativas a los problemas de vivienda, como la adjudicación de viviendas de protección pública, ayudas en materia de vivienda o por la venta de vivienda de protección pública a empresas privadas.
Esta institución sostiene que la crisis y medidas de austeridad adoptadas desde 2010 son las responsables de la «ausencia de una política de vivienda» e insiste en su informe en «dar respuesta inmediata» a las situaciones de «emergencia social», como desahucios de unidades familiares con menores de edad.
En materia sanitaria, destacan las quejas sobre la «merma» de la atención por las «carencias humanas y materiales»; el transporte sanitario; las listas de espera en atención primaria, o el ‘copago farmacéutico’ por parte de los ciudadanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica y por aquellos con un alto grado de discapacidad, que no disponen de ingresos propios.
El Defesor del Pueblo da cuenta en su informe anual de la investigación abierta con todas las comunidades autónomas sobre la atención en los centros residenciales para personas mayores y destaca la «insuficiencia» de plazas públicas y concertadas. Para ello, pide más esfuerzo presupuestario, mejorar la calidad asistencial y actualizar y armonizar la normativa, entre otros aspectos.
En 2018 han continuado las quejas relativas a las condiciones de salubridad o habitabilidad de algunos centros docentes. Los ciudadanos también han denunciado las disfunciones que, en ocasiones, generan la ejecución de obras de construcción, ampliación o rehabilitación de las instalaciones escolares.
ADOCTRINAMIENTO EN LAS ESCUELAS
También destaca las quejas relativas a la neutralidad ideológica de los centros educativos en cuanto a espacios públicos en los que, según el Defensor, «no debe tener cabida ninguna forma de adoctrinamiento político». Fernández Marugán considera que el término ‘adoctrinamiento’ «no debe acompañar y ni siquiera estar cerca de otras voces como educación, enseñanza o docencia» y censura en su informe el uso de instalaciones educativas para actos de reivindicación política.
La motivación y la notificación de la las resoluciones que declaran el desamparo, el incentivo de los acogimientos familiares, la atención de los menores que pasan a la mayoría de edad, la protección de los menores acogidos cuando se trasladan de comunidad autónoma y el funcionamiento de algunos centros han sido objeto de actuaciones en 2018. Asimismo, los servicios de atención temprana para menores con discapacidad también han propiciado la intervención del Defensor.
En relación con los menores extranjeros no acompañados, la institución ha recibido numerosas quejas sobre los procedimientos de determinación de la edad incoados, tanto a personas extranjeras indocumentadas como a otras que contaban con documentación acreditativa de su minoría de edad. En el informe muestra «preocupación» ante la «inexactitud» de los datos contenidos en el Registro dentral de menores extranjeros no acompañados.
En materia migratoria hay tres cuestiones que para esta institución siguen necesitando de una «intervención urgente» por parte de la Administración: los retrasos en la tramitación de expedientes de nacionalidad, el elevado número de solicitudes de protección internacional pendientes de resolver y la acogida que se está realizando de las personas que intentan acceder de manera irregular a España.
Spbre estas últimas, señla que son más de 64.000 las que han sido interceptadas intentando acceder de manera irregular a España, fundamentalmente por mar, una cifra que supera incluso las de llegadas a Canarias en 2006 y 2007, y que, a juicio del Defensor, pone de manifiesto «la necesidad de tomar medidas estructurales que permitan mejorar la atención a estas personas».
La violencia de género es otro de los asuntos destacados de este documento anual, en el que Fernéndez Marugán insiste en que «un maltratador nunca puede ser un buen padre» y que para proteger a las niñas y niños, es necesario que cuando dicte una orden de alejamiento a un hombre respecto de una mujer, se suspenda también el régimen de visitas de los hijos e hijas.
«SIGUE EXISTIENDO POBREZA ENERGÉTICA EN MUCHOS HOGARES»
El Defensor del Pueblo sostiene que el marco normativo aún no garantiza el suministro eléctrico requerido por la realidad social y las exigencias constitucionales. «Sigue existiendo pobreza energética en muchos hogares, o sacrificio económico que los hogares detraen de otras necesidades básicas, como el agua, la alimentación, el vestido o la vivienda, para poder pagar el recibo de la luz», advierte.
Destaca también la actuación de oficio, actualmente en curso, sobre prácticas comerciales engañosas para el cambio de comercializadora y que tiene su origen en las quejas de personas (sobre todo mayores) que «se han visto confundidas, si no engañadas», por prácticas que les inducen a contratar condiciones de suministro desventajosas.
EL IRPF Y LA LENTITUD DE LA JUSTICIA
El impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) es el tributo que generó mayores problemas, acompañado en 2018 por los impuestos sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (Plusvalía municipal) y sobre actos jurídicos documentados (IAJD).
La lentitud de la justicia es un tema que «preocupa especialmente a los ciudadanos». Por este motivo, el Defensor del Pueblo ha realizado un análisis de las quejas relativas a dilaciones judiciales y ha lanzado propuestas para intentar mejorar la situación de la Justicia.
Así, la Institución recuerda en su informe anual que el proceso judicial es solo uno de los medios de solución de conflictos jurídicos y considera que los poderes públicos deben fomentar que se regulen adecuadamente otros sistemas de resolución extrajudiciales. El Defensor aboga por potenciar la mediación, el arbitraje y la conciliación como instrumentos de resolución extrajudicial de conflictos
