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El ex socio de Villarejo, sobre el cobro de las gestiones: “Pepe quiere pájaro en mano”

El hijo del ex comisario Villarejo, José Villarejo Gil, no podrá salir de España sin permiso judicial, tendrá que entregar el pasaporte antes de 72 horas y deberá comparecer cada 15 días en el juzgado. Así lo ha acordado hoy, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, tras tomarle declaración como investigado por cohecho y falsedad documental en la pieza Pit, una de las ramificaciones del prolífico “caso Villarejo”, que mantiene en prisión al ex mando policial desde noviembre de 2017.

El magistrado sitúa a Villarejo Jr. (imputado también en la pieza principal de la investigación derivada de la “operación Tándem”) en la trama supuestamente liderada por su padre para impedir la extradición a Guatemala del naviero español Ángel Pérez Maura. En la resolución en la que acuerda las referidas medidas cautelares, el instructor señala al hijo de Villarejo como “autorizado/apoderado” junto al socio de su padre, el abogado Rafael Redondo, “en las cuentas de las dos sociedades que reciben todos los pagos del proyecto” e incluso añade que “cobra su nómina de ahí”. García Castellón hace constar asimismo que asistió personalmente “a las reuniones en las que se planifica y desarrolla el proyecto Pit”, llegando a facilitar “un teléfono de seguridad” a Pérez Maura ante la “convicción” del comisario jubilado de que el CNI estaba escuchando al naviero. En una reunión mantenida el 26 de abril de 2016 -grabada por la Policía-, Villarejo aconseja a Pérez Maura que si lo detienen con ese teléfono “diga que es para una novia que tiene, porque a la Policía cuando se le dice que es para un tema de chicas o sexual no suele analizarlo”. A continuación, habría sido el hijo del ex comisario quien “explica a Ángel y a Adrián (el empresario Adrián de la Joya, también investigado en esta pieza) “el funcionamiento del teléfono”.

Dos días después, en una conversación con el socio y el hijo de Villarejo, De la Joya deja claro que “lo que estamos hablando con este señor” (en referencia a Pérez Maura) “es que no ingrese en prisión, que no le extraditen, que le desimputen, todo eso es de lo que estamos hablando”. “Pepe quiere pájaro en mano”, recalca Redondo después de que De la Joya se queje de que el comisario jubilado “tiene miedo a hacer no sé qué y no nos paguen, pero no se puede ir con miedo en la vida”. “Yo a este tío le quiero sacar muchísimo más dinero -afirma el empresario-. Así no vamos a ningún lado. Es un vuelo gallináceo y así yo no juego. Nunca en mi puta vida he jugado yo así, por eso he ganado mucho dinero”. Y añade: “Pepe se acojona con mi forma de actuar, pero tío no te acojones que soy muy listo y sé lo que hago”.

En otra conversación, ésta el 14 de febrero de 2017, Villarejo y De la Joya comentan presumiblemente las dificultades para cobrar sus gestiones a Pérez Maura. “Será hijo de puta si tiene 900 kilos y dice que la familia que no pueden que tal…”. “Quitarles un kilo es como arrancarles la piel”, se queja el empresario.

El juez García Castellón también ha tomado declaración a Julio Ligorría, ex embajador de Guatemala en Estados Unidos, a quien a instancias de la Fiscalía ha dejado en libertad, aunque tiene prohibido salir de España y debe presentarse mensualmente en el juzgado, quien supuestamente formó parte “del equipo dirigido por Villarejo para desarrollar el proyecto Pit”. El magistrado ha dejado gualmente en libertad al inspector jubilado Antonio Bonilla -pese a que la Fiscalía había reclamado su ingreso en prisión- por facilitar presuntamente a Villarejo y Redondo “información obrante en las bases de datos policiales o accesible para la Policía Judicial”, una tarea por la que habría cobrado de la empresa de éstos, Cenyt, 2.000 euros al mes.

El instructor señala a Villarejo por llevar a cabo “servicios incompatibles con la condición de comisario” que entonces ostentaba con un “contenido manifiestamente ilícito al menos por lo que respecta a la obstaculización de una orden internacional de detención para extradición y otros servicios de carácter delictivo” en Guatemala, Estados Unidos y España que se enmascaran, dice, bajo el eufemismo “la adecuada defensa letal en el sentido más amplio”.

Bonilla tampoco podrá salir de España sin permiso judicial, deberá entregar el pasaporte y tendrá que comparecer en los juzgados cada quince días.