El fiscal de Sala del Supremo Javier Zaragoza ha llegado al alto tribunal con los deberes bien aprendidos. Como si tuviera en la cabeza a los medios de comunicación, ha ido desgranando uno a uno los titulares con los que este miércoles ha impugnado las vulneraciones de derechos alegadas en la primera sesión del juicio del ‘procés’ por las defensas. A la supuesta criminalización de la disidencia política, él ha respondido: «Nada más lejos de la realidad. Esto es un juicio en defensa de la democracia, en defensa de la Constitución».
A continuación ha recordado que la Carta Magna fue respaldada por el 62% de los catalanes, la misma cifra que rechazó participar en un referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional y cuyos derechos fueron los que sí se vieron vulnerados, pero por los acusados, al empeñarse a llevarlo a cabo, pese a su ausencia de validez.
En su opinión, «se pretende articular como víctimas de una persecución política a quien ha pretendido vulnerar el orden constitucional» y «la aplicación de la ley es el único instrumento de la sociedad democrática». De ahí que el que fue fiscal jefe de la Audiencia Nacional aseguró que «el derecho penal cumple su función de última ratio, si tenemos en cuenta la afectación del orden constitucional» que se vivió en Catalunya y, a diferencia de lo que ayer manifestaron las defensas, consideró una «grave irresponsabilidad que a la justicia penal no hubiera reaccionado».
En esta línea aseguró que pese a lo manifestado por prácticamente todos los responsables políticos catalanes que en la primera sesión del juicio salió a la palestra mediática: «Nadie ha perseguido a nadie por sus ideas, sino por sus actuaciones». Y calificó de «falacia» lo contrario.
Eso sí, aclaró que tampoco el «ejercicio de la actividad política pues una patente de corso, porque el político está sujeto al Código Penal», por lo que malamente se puede encardinar en las labores propias del Parlament «expulsar la Constitución y el Estatut de Catalunya y sustituirlo por una realidad paralela».
