El fiscal mantiene la petición por prevaricación y malversación contra Chaves y Griñán al inicio del juicio

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“Ya era hora de que empezase”. Las palabras del exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Javier Guerrero, fueron de las pocas que se escucharon por parte de los 22 exaltos cargos del Gobierno andaluz encausado en el primer juicio del ‘caso ERE’, el mayor escándalo de corrupción en la comunidad. Siete años después del inicio de la investigación, los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñan, ya apartados de toda actividad política, se sentaron en el banquillo de los acusados.

Los exmandatarios afrontan las peticiones que mantiene el fiscal de inhabilitación y de hasta ocho años de cárcel para Griñán por los delitos de prevaricación malversación por haber implantado y mantenido durante una década un sistema de ayudas inadecuado pero que permitió apaciguar los conflictos laborales en la región. “Estoy tranquilo”, dijo escuetamente el expresidente Griñán. Las defensas leerán este jueves sus escritos para “garantizar sus derechos procesales”. 

La primera sesión del juicio levantó mucha expectación, pero ya solo mediática. El frío en los juzgados no era solo climatológico, porque quienes durante más de 20 años ostentaron todo el poder político e institucional en Andalucía ya no atraen siquiera a quien les increpe, como ocurría antes.

La foto

Aunque no se les acuse por haberse enriquecido, y se alabe que asumieran su responsabilidad política al marcharse, la foto de ambos sentados en la primera línea del banquillo de acusados junto a la que fue la plana mayor de su equipo, como la exconsejera y también exministra Magdalena Álvarez –a quien la imputación le costó el cargo de vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI)- o Gaspar Zarrías escuece en el PSOE.

Parecía uno de los consejos de Gobierno de la cercana sede de la Junta: Chaves y Griñán intercambiando impresiones, y la metódica Álvarez tomando notas. Detrás, y apartados y solitarios en el receso, los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, y el exdirector general de Trabajo. El epicentro de la trama.

Evitar los controles

Con retraso, y en una sala rancia y trasnochada, el juicio comenzó con el retrato del fraude que compone la fiscalía. 122 años de cárcel pide para los 15 acusados de malversación, y 520 años de inhabilitación para los 22 implicados por prevaricación. Y todo porque, como la dilatada burocracia de las ayudas “dificultaba la pronta resolución de los conflictos laborales que alteraban la paz social” en la región, se buscó un sistema que agilizara los pagos: las transferencias de financiación a empresas públicas.

Un sistema con fiscalización y tramitación distinta usado habitualmente para equilibrar las cuentas de explotación de estos entes. “Como resultado buscado por los encausados, las ayudas sociolaborales y las ayudas directas soslayaron la necesaria y preceptiva fiscalización previa”, zanja la fiscalía.

Con esta nueva fórmula, amparada por un convenio marco del año 2001 que ni siquiera se sometió a los servicios jurídicos o a la Intervención General de la Junta, se dejaron millones de euros en manos de Guerrero, sin competencias legales para conceder subvenciones y con capacidad para otorgarlas “sin fiscalización previa y sin necesidad de tramitar expediente alguno”. El sistema se prolongó durante una década sin que nadie en el Consejo de Gobierno, pese a conocer lo inadecuado del mismo y las alertas formuladas por la Intervención, sostiene el fiscal, “le pusiera freno” o, ya bajo el mandato de Griñán, se reclamara su devolución. Por eso, reclama a los 15 acusados por malversación que devuelvan a las arcas públicas los 742 millones de euros que se entregaron bajo esta vía.

El primer roce

El PP, que también leyó su escrito de acusación popular en esta primera sesión, eleva esta cifra hasta los 1.280 millones. Consideran que se estableció una “red clientelar” para otorgar “de forma caprichosa” los fondos públicos a empresas y personas cercanas al PSOE o a los miembros del ejecutivo; de ahí que aumenten la petición de pena de cárcel en dos años al atribuir además a todos los encausados un delito de asociación ilícita. El empeño del PP en la lectura de este escrito provocó el primero de los roces en el juicio, ya que las defensas querían darlo por conocido para poder iniciar las cuestiones previas. Al no conseguirlo, anunciaron que este jueves dedicarán parte de la sesión a leer sus escritos a fin de “garantizar sus derechos procesales”. 

Planteamiento de anulación del proceso

Algunas defensas plantearán la anulación del proceso en las cuestiones previas por no haberse entregado el caso al reparto de juzgado tras la marcha de la instructora Mercedes Alaya y haber sido asignado a su sustituto. También cargarán contra el auto de apertura de juicio oral por haber incluido la petición de la acusación popular de asociación ilícita, un cargo del que no pudieron defenderse en la instrucción.

Las declaraciones de los acusados empezarán a partir del 9 de enero. El primero en dar su versión será el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, y sus superiores en la Consejería de Empleo, mientras que los expresidentes Manuel Chaves José Antonio Griñán serán de los últimos en explicarse.