El Gobierno de Mariano Rajoy considera que «el respeto a la legalidad y el aplazamiento del pleno» del Parlament por parte de Roger Torrent es «la consecuencia obligada de la actuación del Estado de derecho, tanto por la acción del Gobierno como de los tribunales». Según fuentes de Moncloa, ese pleno iba a investir a Puigdemont «de manera fraudulenta», por lo que se ha evitado «una burla» a la democracia gracias al recurso del Ejecutivo y las medidas cautelares acordadas el sábado por el Tribunal Constitucional. [Sigue las últimas noticias sobre Catalunya y Puigdemont en directo.]
Tras insistir en que los independentistas están obligados a cumplir la ley, las mismas fuentes consultadas han recalcado que el Ejecutivo seguirá velando por defender la ley y las instituciones en todo momento.
Poco antes, el presidente del Parlament catalán ha pospuesto ese pleno de investidura de Puigdemont para garantizar la «inmunidad» del candidato. Según ha afirmado, no propondrá otro candidato que no sea el ‘expresident’ de la Generalitat, por lo que opta por posponerlo para que pueda ser investido de «forma efectiva y sin injerencias».
Horas antes del anuncio, Rajoy ya advirtió a Torrent de que tiene que ser «muy consciente» de las responsabilidades» en que puede incurrir si «se salta» la resolución del Tribunal Constitucional. «El presidente del Parlament incurrirá en responsabilidades por incumplir una resolución de los tribunales y todos aquellos que apoyan su decisión. Espero y deseo que eso no sea así porque en Cataluña hay que recuperar la normalidad institucional, social y económica», avisó en una entrevista en TVE.
