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El Gobierno dará óxigeno a Catalunya con la deuda a corto plazo

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este jueves que el Gobierno va a reestructurar parte de la deuda autonómica a corto plazo mediante el alargamento de los plazos, una medida que estuvo sobre la mesa del anterior Ejecutivo pero que su antecesor, Cristóbal Montoro, se resistió a aprobar. La iniciativa beneficiará especialmente a Catalunya, que acumula 4.543 millones de los 8.733 millones de este endeudamiento, y a la Comunidad Valenciana, con otros 1.903 millones. Además, la ministra ha confirmado que, como ya adelantó el martes el presidente, estudiará una reestructuración «global» para que las comunidades salgan del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y «puedan salir a los mercados y recuperen la autonomía financiera». A pesar de la ausencia del ‘vicepresident’ y ‘conseller’ catalán Pere Aragonès, la decisión ahonda en la voluntad de distensión del Gobierno con la Generalitat.  

Pese a estos anuncios poco concretos, y en parte a causa de ellos, la ministra ha vivido una larga y compleja reunión con los consejeros de Hacienda autonómicos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El Gobierno no ha logrado un gran respaldo al reparto del déficit para el año que viene. La decisión de Pedro Sánchez de aprovechar la flexibilización del objetivo comunicada a la Comisión Europea para permitir a las comunidades un desfase de las cuentas públicas del 0,3% en el 2019 (frente al 0,1% previsto inicialmente) no ha sido suficiente para lograr el apoyo de las autonomías del PP ni de Canarias, pese a que las dos décimas más suponen un balón de oxígeno de unos 2.400 millones de euros para los Ejecutivos regionales. Las comunidades socialistas han votado a favor salvo la valenciana, que se ha abstenido porque ha convertido la reforma de la financiación en su bandera política. 

El encuentro ha sido algo decepcionante, habida cuenta de las expectativas que había generado el propio Gobierno sobre las novedades que podría anunciar en materias como la mejora de la financiación autonómica o la flexibilización de la regla de gasto para permitir a las autonomías aumentar la inversión. Montero se ha limitado a comprometerse a hacer un estudio sobre los ingresos de las comunidades, a crear una comisión política para comenzar a preparar la reforma de la financiación (el Ejecutivo ya ha dejado claro que no prevé aprobarla esta legislatura), y a crear un grupo de trabajo para tratar de revisar y armonizar los impuestos autonómicos. Además, ha precisado que aprovechará la flexibilización del déficit del 2019 para dar dos décimas más de margen a la Seguridad Social, mientras que el Estado solo se quedará una décima.

Incertidumbre política

El Gobierno tiene mayoría en el CPFF, con lo que su propuesta ha sido aprobada, pero la oposición de las comunidades populares incrementa la incertidumbre sobre si podrá sacar adelante su proyecto en el Congreso la semana que viene. El Ejecutivo confiaba en que los barones del PP, que se enfrentan al horizonte de las elecciones autonómicas en mayo del 2019, presionaran a la dirección estatal de su partido para que valide en el Parlamento el techo de gasto que el Consejo de Ministros aprobará este viernes y los objetivos de déficit y deuda. Sin embargo, la decisión final del PP está en el aire por el delicado contexto orgánico que atraviesan.

El sábado se dará a conocer si el nuevo presidente del PP es Pablo Casado o Soraya Sáenz de Santamaría y, salvo imponderables, el martes se dará a votación en el Congreso, plazo que deja escaso margen de reflexión interna. El nuevo jefe de los conservadores deberá decidir si hace una oposición frontal desde el principio y vota en contra en la Cámara Baja y en el Senado -donde tiene mayoría absoluta- o bien permite la aprobación ahora para no perjudicar a sus barones y deja el rechazo a la política económica de Sánchez para más adelante, en el debate del Presupuesto del 2019.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria no establece que la aprobación del techo de gasto sea imprecindible. Si Sánchez no logra validarla, puede presentar igualmente su proyecto de Presupuestos, pero un fracaso parlamentario tan sonado evidenciaría su debilidad parlamentaria (solo tiene 84 diputados) y dañaría su imagen frente a Bruselas.