Los servicios públicos no van a resultar especialmente beneficiados del aumento del gasto público que el Gobierno proyecta realizar el próximo año. De acuerdo con el Plan Presupuestario del Reino de España que el Ejecutivo ha enviado a Bruselas para su análisis por parte de la Comisión Europea, el conjunto de las administraciones públicas destinará en 2019 un 6% del Producto Interior Bruto (PIB) a Sanidad y un 4% a Educación. Se trata de los mismos porcentajes que el anterior Gobierno presupuestó para estas dos áreas sociales tan sensibles en 2018, de acuerdo con la información suministrada por los propiosministerios de Economía y de Hacienda. Porcentajes que entonces fueron calificados como escasos de forma recurrente por los mismos partidos de la oposición que hoy gobiernan o respaldan al Ejecutivo.
En total, las autonomías –que son las que gestionan la asistencia sanitaria en nuestro país y asumen el gasto derivado de ella– dispondrán de 75.689 millones de euros para la atención médica y farmacéutica de los ciudadanos. Dicha cifra será 2.981 millones superior a los 72.708 millones que se han presupuestado este año, pero el aumento no responde a un incremento del gasto en sí mismo, sino a que el cálculo se realiza sobre un PIB nominal (PIB más inflación) mayor, que pasa de 1,211 billones de euros a 1,261 billones el próximo año. El PIB real crecerá previsiblemente un 2,3% y la inflación lo hará un 1,8%, según las estimaciones oficiales
En Educación sucede otro tanto. En total, las autonomías dispondrán de 50.460 millones de euros en 2019 para dicha área. Son 1.988 millones más que en 2018, pero el aumento se debe igualmente a la subida que experimentará el PIB nominal por la evolución de la economía y de la infación, no a un incremento específico del gasto en este concepto presupuestario.
Según el plan enviado a Bruselas, los servicios públicos generales, en los que no se incluye ni la sanidad, ni la educación, ni la defensa, ni otros parámetros, experimentarán un ligero retroceso en términos de porcentaje del PIB, al pasar del 5,5% de este año al 5,4% en 2019. La defensa absorberá un 0,9%, sin registrar variación alguna, y el orden público y la seguridad caerán del 1,9% al 1,8%. La protección del medio ambiente, la vivienda y los servicios comunitarios, y las actividades recreativas, de cultura y religión tampoco experimentarán grandes cambios. El gasto para la protección del medio ambiente representará un 0,9% del PIB; la vivienda y los servicios comunitarios, un 0,5%, y las actividades recreativas, la cultura y la relación, un 1,1%. El epígrafe de protección social sube en cambio del 16,6% al 16,8% del PIB nominal.
El mantenimiento del gasto en Sanidad tendrá incidencia en el dinero que cada autonomía destina por paciente y, en principio, impedirá limar diferencias importantes entre comunidades. Andalucía destina de media, por ejemplo, 1.090 euros por enfermo este año, mientras que el País Vasco, la región más «generosa», aporta 1.631 euros. La diferencia entre una y otra es de 541 euros por ciudadano al año. Su congelación mantendrá también los porcentajes que cada feudo destina a hospitales y centros de salud con respecto al presupuesto total para todo tipo de competencias. Actualmente, la Sanidad absorbe el 30,2% de los fondos con los que cuenta cada autonomía. Territorios como Asturias dedican alrededor de un 38%, mientras que Andalucía apenas emplea un 27,85%.
