El Ejecutivo de Pedro Sánchez, dentro de la batería de medidas que pretende desarrollar durante esta legislatura en materia de Memoria Histórica, acometerá una profunda transformación en el régimen legal del Valle de los Caídos. Los planes del Gobierno pasan por la aprobación de un Real Decreto que articulará el nuevo marco jurídico de este recinto. El decreto determinará qué institución pasará a encargarse de la dirección del Valle y detallará tanto los bienes que lo integran como sus relaciones jurídicas. En todo caso, lo que parece claro es que la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, creada por Franco en 1957, quedará fuera de ese nuevo esquema legal.
La proposición de ley de Memoria Histórica y Democrática registrada por el PSOE en el Congreso de los Diputados prevé, en sus disposiciones transitorias, que la Fundación de la Santa Cruz únicamente podrá seguir «ejerciendo sus funciones hasta que entre en vigor el Real Decreto» que apruebe el Gobierno. A partir de ese momento, quedará apartada.
Para conseguir este objetivo, la proposición de ley socialista contempla derogar todas las disposiciones legales que, hasta ahora, han venido sustentando la participación de esta fundación. En primer lugar, la iniciativa establece la derogación del decreto de 1 de abril de 1940, firmado por Franco, en el que éste dispone el alzamiento de la «Basílica, el Monasterio y el Cuartel de Juventudes, en la finca situada en las vertientes de la Sierra del Guadarrama (El Escorial), conocida por Cuelgamuros, para perpetuar la memoria de los caídos en nuestra Gloriosa Cruzada». Se trata, por tanto, del decreto que da origen a la construcción del recinto del Valle de los Caídos tal y como lo conocemos en la actualidad, cuyas obras se iniciaron a partir de ese momento y se prolongaron hasta 1958.
También quedará derogado el Decreto-ley de 23 de agosto de 1957, por el que se crea la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. También con la firma de Franco, este decreto, además de alumbrar la citada entidad, reguló sus funciones en la gestión del recinto y le atribuyó la titularidad de todos los edificios que integran el Valle. Al ser este decreto del dictador el que otorga «plena personalidad jurídica», su derogación implicaría de facto la liquidación de la misma. Finalmente, quedarán derogados otros dos artículos que «asignan al Consejo de Administración de Patrimonio Nacional las funciones de patronato y representación» de la fundación creada por Franco. Esto último, en la práctica, supone cortar la vinculación entre la Fundación de la Santa Cruz y Patrimonio Nacional, que es un organismo público dependiente del Ministerio de la Presidencia.
Actualmente, el patronato de la fundación está controlado por Patrimonio Nacional. A su vez, el organismo público es el que transfiere a la fundación una subvención anual, actualmente fijada en 340.000 euros. Este año, por primera vez, el Gobierno, a través de Patrimonio Nacional, paralizó la concesión de esta subvención al considerar que la fundación no había justificado convenientemente el destino del dinero. El objetivo del decreto que el Gobierno tendrá que redactar después de que el Congreso apruebe la Ley de Memoria Histórica y Demócratica que acaba de iniciar su tramitación será también clarificar todas las cuestiones relativas a su financiación.
Al margen de los cambios en su régimen jurídico, la iniciativa socialista también contempla que la institución que pase a dirigir el recinto dispondrá de una «dotación económica» de los presupuestos generales «para la exhumación e identificación de los restos de las víctimas inhumadas». Del mismo modo, tendrá que «atender las reclamaciones de exhumación de los familiares de las víctimas cuyos restos mortales se encuentren en el lugar y que hayan solicitado su devolución».
