El Gobierno exige a Puigdemont elecciones y una renuncia definitiva a la DUI

Mariano Rajoy ha elevado los requisitos que exige a Carles Puigdemont si quiere detener el despliegue del artículo 155 de la Constitución. Hasta el lunes, el Ejecutivo central, el PSOE y también Ciudadanos ofrecían al presidente catalán que convocara elecciones autonómicas bajo la ley orgánica del régimen electoral español (LOREG) para evitar la intervención de la Generalitat, pero ahora al Gobierno de Rajoy solo le valdrá una llamada a las urnas que vaya acompañada de una renuncia expresa y definitiva a la intención de declarar la independencia en el futuro, pase lo que pase en esos comicios. “Tiene que haber una clara vuelta a la legalidad constitucional y estatutaria, y una renuncia a declarar la independencia y a reactivar o seguir adelante con la ley de transitoriedad”, se puede leer en un documento interno que manejan altos cargos del PP, al que tuvo acceso este diario.

Tras el viraje del lunes por la noche, este martes desde bien temprano varios ministros y dirigentes del PP intervinieron en numerosos medios de comunicación para explicar que ya no será suficiente con que Puigdemont se anime a convocar autonómicas, aunque no explicaban claramente el motivo. Según las fuentes consultadas, el temor del Gobierno central es que el ‘president’ quiera detener el 155 ahora a costa de “aplazar el problema” unos meses, si hipotéticamente ganan los soberanistas, para volver a poner la secesión sobre la mesa tras los comicios y obligar al Ejecutivo a replantearse una intervención de competencias que previamente habría desactivado “para nada”.  

La otra hipótesis que manejan los conservadores es que la posible convocatoria de Puigdemont llegue acompañada de una inminente declaración unilateral de independencia (DUI). Pese a la claudicación que le exigen, en el Ejecutivo consideran que le dejan la puerta todavía abierta para agotar “la última oportunidad en el Senado”, donde, añaden fuentes gubernamentales, podría “retornar a la legalidad y renunciar a la independencia”. 

La última palabra, del Senado

Se insistió por boca del ministro de Justicia, Rafael Catalá, en que ahora el 155 ya está en la Cámara alta, donde este lunes se constituyó la comisión en la que se van a abordar las medidas, y sería el Senado el que debería “valorar” cualquier nuevo paso dado por Puigdemont. El pleno votará las iniciativas el viernes y a partir de ahí el Gobierno deberá reunirse en Consejo de Ministros para poner en marcha las decisiones, entre otras, la destitución de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y todos sus ‘consellers’.

El PSOE se ha comportado con suma prudencia en toda la negociación del precepto constitucional, evitando criticar al PP tanto en sus declaraciones públicas como privadas, pero esa actitud cambió este martes, después de que el Gobierno trasladara este importante cambio de posición. “Este cambio de discurso supone ignorar los acuerdos a los que habíamos llegado. Siempre hemos dicho elecciones o 155”, señalaron fuentes de la dirección del PSOE.

Los socialistas, aun así, evitaron anticipar si retirarían su apoyo a Rajoy si Puigdemont convoca antes del viernes y el Gobierno, aun así, pone en práctica la suspensión de competencias catalanas. El PSC fue mucho más claro. Su primer secretario, Miquel Iceta, anticipó que los socialistas catalanes dejarían en ese caso de defender la aplicación del 155. “Creo que el PSOE haría lo mismo”, dijo Iceta en La Sexta.

Sorpresa y malestar

La sensación más extendida entre los principales dirigentes del PSOE es de sorpresa y malestar. “Si Puigdemont convoca elecciones con arreglo al marco constitucional y rechaza la declaración unilateral de independencia, no tendría razón de ser la puesta en marcha del artículo 155”, dijo la portavoz de los socialistas en el Congreso, Margarita Robles, la única socialista que hizo esa mención al “rechazo” a la DUI. 

Ciudadanos, el otro aliado de Rajoy en este asunto, sigue defendiendo el despliegue del 155 cuanto antes. Albert Rivera, que el lunes aseguró que unas elecciones convocadas por el ‘president’ detendrían la intervención, al ver la posición del Gobierno añadió que esas elecciones catalanas deberían ser “libres, neutrales y seguras”.

En la Moncloa subrayan que en el paquete propuesto por el Ejecutivo para intervenir la autonomía no solo se coloca como objetivo la convocatoria de elecciones en un plazo máximo de seis meses, sino que el grueso del documento va dirigido a “normalizar la vida de los catalanes” y conseguir una “Administración neutral” y unos medios de comunicaciones públicos “neutrales”. 

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