El Gobierno liquida un programa clave de la Hacienda catalana

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El Consejo de Ministros ha derogado el programa aprobado por el Govern cesado por el que la Agència Tributària de Catalunya (ATC) centralizó el pago de impuestos estatales, como el IRPF o las cotizaciones de la Seguridad Social de más de 140 entidades y sociedades públicas catalanas.

Aunque desde la administración catalana se asegura que el plan, un proyecto clave de la Hacienda catalana surgido de un acuerdo del Ejecutivo catalán de abril pasado es “perfectamente legal”, en el ministerio de Hacienda se veía con recelo que la ATC ejerza una función que no le corresponde, aunque luego transfiera los recursos al Estado.

También se consideraba que existían riesgos en la privacidad de los datos fiscales de los empleados de empresas y organismos públicos implicados. Además, a juicio de las fuentes gubernamentales, suponía un embrión de hacienda como estructura de estado, ya que el objetivo posterior era extender este sistema de centralización de la gestión tributaria al sector público municipal o las universidades.

Finalmente, el Ejecutivo ha optado por derogar este progama clave de la ATC, tal como adelantó EL PERIÓDICO. El Gobierno aprovecha el marco de aplicación del artículo 155 de la Constitución, que desembocó en el cese del Govern, para dinamitar estos cambios encaminados a hacer de la ATC una estructura de estado. Y lo hace el último consejo de ministros antes de as elecciones catalanas del 21 de diciembre (21-D).  

Por su parte, los mismos portavoces de la Administración catalana enmarcan su estrategia en un contexto de ganar eficiencia, con unos ahorros anuales en gestión y asesoramiento fiscal de más de un millón de euros. A su vez destacan que previamente a poner en marcha el proyecto se pidió un dictamen a la Autoritat Catalana de Protecció de Dades (Apdcat), que lo avaló, así como diversos dictámenes jurídicos.

Convenios 

A lo largo del verano pasado, las entidades implicadas recibieron una comunicación de la Generalitat en la que les instaba a firmar un convenio con la ATC para que esta centralizara tanto las retenciones del IRPF de sus empleados, el IVA, el impuesto de sociedades, además de los tributos propios, que en este caso sí que forman parte de las competencias previstas en el marco legal vigente.

Este convenio preveía que la Hacienda catalana, en representación del organismo firmante asumía “las funciones de presentación y/o pago telemático de las declaraciones, autoliquidaciones y las declaraciones informativas (…)”. La propuesta se formalizaba a través de dos tipos de convenio, uno para las entidades que forman parte de la gestión centalizada de tesorería del sector público (‘cash pooling’) y aquellas que no. En todo caso debía hacerlo en el periodo voluntario de presentación ante el Estado para evitar sanciones.

182 entidades 

En total hay 182 entidades con una participación mayoritaria de la Generalitat, que superan las 200 si se incluyen aquellas en las que la participación es minoritaria. Dentro de este ámbito se encuentran desde entidades autónomas administrativas (20) o el Catsalut, hasta entes autónomos comerciales y financieros (2), entidades de derecho público (44), sociedades mercantiles (27), consorcios (54) o fundaciones (34). 

El plan tenía el nombre de programa de homogeneización de los procesos y mecanismos internos de tramitación de tributos y las cotizaciones sociales y esta enfocado a gestionar los recursos que el sector público de la Generalitat debe ingresar en las arcas del Estado. Su objetivo era centralizar los aproximadamente 4.500 millones de euros de tributos de titularidad estatal y cotizaciones sociales.

Actuación prioritaria

Esta estrategia formaba parte de otro acuerdo del Ejecutivo catalán que establecía “como línea de actuación prioritaria el despliegue de la Hacienda catalana bajo los parámetros de la Administración tributaria del siglo XXI (…)” . A corto o medio plazo este programa tenía previsto prestar servicio “a las entidades que integran el sector público de las administraciones locales de Catalunya y a las universidades públicas catalanas que estuvieran interesadas”.

Según los térmimos del acuerdo, la ATC tenía que ingresar “en el tesoro estatal” todos estos recursos “antes de la finalización del plazo voluntario de ingreso”. En este sentido contemplan la posibilidad de resarcir a la entidad implicada en caso de la que la Hacienda catalana incumpliera las obligaciones previstas en nombre del organismo firmante.  

Entre los organismos que firmaron los convenios se encuentran las agencias de Turisme y de Consum, la de l’Habitatge, la Autoritat Catalana de la Competència, Acció, Ferrocarrils de la Generalitat, el Hospital Clínic, Infraestructures de la Generalitat, el Incasòl, el Icaen, el Idescat, el Servei Català de Trànsit, el Servei d’Ocupació de Catalunya, la Autoritat de Protecció de Dades o el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya