Decepción entre los agricultores. Sólo hará retoques en la cadena alimentaria, y medidas laborales y fiscales menores
Veinticuatro días después de que el campo español colapsara calles y carreteras, el Gobierno dio señales de vida para intentar poner freno a una revuelta que pide soluciones urgentes para un sector en crisis. Pero las ayudas que las agrupaciones agrarias esperaban para desbloquear la situación y avanzar en una resolución del conficto previsiblemente no se producirán, ya que el Ejecutivo se limitará hoy a aprobar la nueva Ley de la Cadena Alimentaria y a anunciar unas medidas que no coinciden con las demandas expresadas por los agricultores.
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El Consejo Ministros aprobará hoy el decreto ley con el que pretende garantizar la rentabilidad de las explotaciones agroalimentarias. Básicamente, busca forzar una mejora de los precios en origen, para que las grandes cadenas de distribución tengan trabas a la hora de negociar precios a la baja con los productores españoles, algo que puede chocar con las directrices europeas. El Ejecutivo también pretende acabar con la venta a pérdidas, que se incluyan los costes de producción dentro de los contratos como referencia y el aumento de las sanciones para los que incumplan esta normativa. Pero las asociaciones agrarias creen que estas medidas no son nuevas, que ya estaban incluidas en la anterior legislación, «pero que no se cumplían y nadie les obligaba a cumplirlas».
Oídos sordos
Además, denuncian que sus principales peticiones no han sido ni tan siquiera atendidas. El Gobierno no parece dispuesto a generar fondos adicionales de apoyo al sector agropecuario, como ya han hecho Alemania o Francia. Y nada se sabe de la bajada general de las cotizaciones de la Seguridad Social para trabajadores del campo, de la bonificación de las tarifas eléctricas para riego, de la modificación de la fiscalidad de los combustibles –con rebajas para las explotaciones agrarias– o de la congelación de las primas de los seguros y el aumento de las coberturas.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha preferido limitarse a medidas estrictamente laborales, como bonificaciones en los nuevos contratos de trabajadores del campo fijos o fijos discontinuos, que los agricultores jóvenes puedan fraccionar sus pagos a la Seguridad Social –medida esta que los agricultores creen insignificante– o el cambio normativo ya anunciado la semana pasada para permitir que las peonadas puedan acceder al subsidio del PER con solo 20 días de trabajo. Eso sí, el Ministerio dirigido por Yolanda Díaz ya ha anunciado que redoblará las inspecciones en las explotaciones agrarias para salvaguardar los derechos de estos empleados.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha convocado hoy por la tarde a los productores agrarios para informarles de primera mano sobre estas medidas. Allí estarán representantes de COAG, UPA y Asaja, que acuden «sin grandes perspectivas si el Gobierno se limita a tomar solo medidas paliativas y no las que necesita de verdad el campo».
