El anteproyecto de la mal llamada «ley de memoria democrática» aprobado este martes en el Consejo de Ministros pretende resignificar el Valle de los Caídos, desacralizar la basílica, exhumar al líder de Falange José Antonio Primo de Rivera, que dejará de estar en un «lugar preponderante» del monumento, e ilegalizar la Fundación Francisco Franco.
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha explicado que esta ley de memoria democrática retirará símbolos, distinciones y títulos nobiliarios.
El Ejecutivo no descarta, además, derribar la Cruz más grande de toda la Cristiandad en el marco del proceso de «resignificación del Valle de los Caídos». «La ley establece un marco general para la resignificación del Valle de los Caídos pero dentro de ese marco, en su momento, habrá que concretar un proyecto en el que se tome la decisión sobre esa cuestión», ha dicho Bolaños.
Sobre la ilegalización de la Fundación Francisco Franco, Bolaños ha explicado que su extinción no será inminente, ya que una vez que se modifique la ley se iniciará un procedimiento administrativo que concluirá con una resolución y posteriormente habrá un procedimiento judicial. «No será una extinción inmediata de la Fundación Francisco Franco si es que así se insta por los órganos competentes», ha añadido.
La «memoria» será un contenido curricular en la educación, tanto en el Bachillerato como en la ESO como en la Formación Profesional. Así, se obliga a la Administración General del Estado a promover su conocimiento mediante programas divulgativos.
Además, el anteproyecto incorpora en su Título IV un régimen sancionador que determina un listado de infracciones con su sanción correspondiente, que pueden ser de hasta 150.000 euros, “como medio de evitar la humillación que pudiera sentir cualquier víctima de la guerra o la dictadura», y contempla el desalojo de los benedictinos instalados en el Valle de los Caídos, con riesgo de violar los Acuerdos con la Santa Sede de 1979.
Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, el anteproyecto inicia ahora su andadura parlamentaria y, ante el rechazo de VOX, que ya ha anunciado que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional y la derogará por ser «un atropello a las libertades» en cuanto los españoles les den la confianza suficiente para ello.
