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El Gobierno presume de «usar siempre» a la Abogacía del Estado

El pasado viernes, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, compareció tras el Consejo de Ministros para defender la «profesionalidad» de la Abogacía del Estado en su decisión de acusar a los líderes del «procés» de los delitos de malversación y sedición –el tipo atenuado de la rebelión–. Delgado reivindicó que el escrito se fundamentó en criterios exclusivamente «técnico-jurídicos» –no políticos– y negó cualquier «imposición de criterio» por parte del Gobierno. 72 horas después, el criterio del Ejecutivo parece haber virado y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, reconoció abiertamente el «uso» que por parte del Gabinete se había hecho de la Abogacía del Estado, intentando normalizar esta práctica como algo habitual. «El Gobierno siempre usa a la Abogacía del Estado, siempre», dijo Ábalos. El también secretario de Organización ya reconoció el domingo en una entrevista en «El Objetivo» de La Sexta que el proceder de los Servicios Jurídicos del Estado iba en la línea de lo que defendía el Ejecutivo, sin embargo ayer fue un paso más allá señalando que «es lo normal, usamos la Abogacía del Estado como usamos los gabinetes de comunicación o los gabinetes técnicos, pero no hay injerencias», destacó el ministro de Fomento, al tiempo que apuntaba que «no acababa de entender la polémica».

La polémica existe, en efecto, porque con este movimiento y con los diversos pronunciamientos que por parte de Pedro Sánchez y Carmen Calvo se produjeron la semana pasada cuestionando la rebelión, Moncloa ha tratado de marcar el paso a la Fiscalía, creando una distorsión inédita entre los pronunciamientos de la misma y de la Abogacía del Estado. Ábalos también aprovechó este extremo para recordar que, por tanto, «se ha demostrado la independencia de la Fiscalía» en el proceso que sigue el Tribunal Supremo. «Ahora que se ha demostrado claramente la independencia de la Fiscalía, nadie dice ‘‘olé por este Gobierno que la ha respetado’’». resaltó. La acusación rebajada de la Abogacía del Estado era –en un principio– el «gesto» que se demandaba desde el independentismo para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, pero el soberanismo ha efectuado un giro radical en este sentido y ahora se muestra insatisfecho con este movimiento, lo que complica la aprobación de las cuentas.

No obstante, este revés no compromete la acción del Gobierno. En la reunión de la Ejecutiva del PSOE, el presidente Pedro Sánchez, trasladó a sus filas su vocación de agotar la legislatura «con o sin presupuestos». Confirma la información avanzada por este diario relativa a que Moncloa cuenta con prorrogar las cuentas de Mariano Rajoy e ir acometiendo sus compromisos estrella, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional, de las pensiones y el subsidio a parados mayores de 52 años, a través de decretos ley para los que sí contaría con el apoyo de los soberanistas. ERC y el PDeCAT sí estarían dispuestos a apoyar estas medidas en el Congreso si se desligan de los Presupuestos. Ábalos llamó así mismo a no vincular la mejora de las condiciones sociales de los ciudadanos con el juicio del «procés».

Por otro lado, el PSOE quiso salir al paso de los hechos ocurridos en Alsasua y las polémicas declaraciones de su portavoz en el Senado, Ander Gil, respaldándole y denunciando el intento de las derechas de crear de forma artificial una sensación de «crispación y de tensión» en nuestro país que no se corresponde con la realidad.