Inicio Destacadas El Gobierno pretende disfrazar de ecologismo el impuestazo de las autovías

El Gobierno pretende disfrazar de ecologismo el impuestazo de las autovías

La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha justificado mediante el ecologismo el impuestazo que el Gobierno prepara en los peajes de las autovías. Montero ha dicho que el Ejecutivo trabaja en un proyecto integral para que los ciudadanos se puedan desplazar sin usar su coche, “con un transporte del siglo XXI” para lograr “una movilidad sostenible”.

Montero ha recordado que el Gobierno prevé una treintena de iniciativas estratégicas sobre movilidad sostenible, con 10.000 millones de euros de inversión y «una apuesta sin precedentes para facilitar las alternativas al vehículo particular”.

En todo caso, la ministra portavoz ha querido retrasar la aplicación del impuestazo mediante peajes en las autovías: la fecha de 2024 para implantarlos, ha dicho, “puede ser orientativa” pero siempre dependerá de la recuperación económica y de que se vuelva a los niveles habituales de crecimiento del PIB anteriores a la pandemia de la covid.

El Ejecutivo calcula que en 2024 se podría implantar un sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado, que puede ser ampliable al resto de vías, según recoge en el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia remitido a Bruselas.

Montero, que ha presentado el Plan Industrial de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), ha justificado así un plan que está teniendo amplia contestación entre las asociaciones de automovilistas.

El Real Automóvil Club de España (RACE) ha mostrado su oposición a los peajes del Gobierno. Esta medida, dice la asociación de automovilistas, repercute en el bolsillo de los conductores, que ya aportan cerca de 30.000 millones a las arcas del Estado.

Además, el RACE entiende que implantar el pago por uso en las carreteras puede suponer además un serio peligro ya que muchos conductores podrían optar por buscar vías alternativas gratuitas que son mucho más peligrosas.

Según una encuesta reciente realizada por el club, tres de cada cuatro conductores se oponen a pagar bajo ningún concepto y ocho de cada diez cree que el tráfico se derivará a carreteras secundarias, algunas con déficit de mantenimiento y conservación, y que los conductores estarán más expuestos a la posibilidad de sufrir un accidente de peores consecuencias.

Y es que, es en las carreteras secundarias donde se produce el 78 % de los accidentes mortales.

«Se quiere hacer pagar de nuevo por algo que ya se paga. Hay que recordar que, entre impuestos directos, indirectos y tasas, los conductores contribuyen con 30.000 millones de euros a las arcas del Estado», sostiene el director de Seguridad Vial del RACE, Antonio Lucas, que insiste en que en el caso de instaurarse el pago en las autovías este agravio sería mucho peor.

Además, advierte de que muchos de los transportistas que vean incrementados los costes por llevar su carga acabarán por repercutirlos en el precio final del producto, por lo que la medida no es sólo contra el bolsillo de los conductores, sino el de toda la sociedad.

“Los ciudadanos españoles nos veríamos sometidos una doble imposición tributaria: por un lado, esas autovías se han construido y mantenido con el pago de nuestros impuestos y ahora, además, nos pretenden hacer pagar por usarlas con una tasa de nueva creación”, asegura Rafael Fernández-Chillón, presidente de Comisariado Europeo del Automóvil.