La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho este jueves, tras conocerse que el juez Pablo Llarena calcula en 1,9 millones lo malversado en el referéndum ilegal del 1 de octubre, que Hacienda tiene ahora la oportunidad de aportar la documentación que disponga del ‘procés’. «Lo bueno» es que el ministerio podrá poner a disposición de la justicia toda la documentación que tenga «como consecuencia del trabajo de estos años», ha dicho la vicepresidenta.
De igual modo, el secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, ha considerado que en el 1-O pudo haber «otro tipo de malversación» que no fuera un gasto directo o algún tipo de manipulación o falsificación de facturas. El hombre fuerte del Gobierno de Mariano Rajoy en Catalunya en aplicación del artículo 155 ha admitido que se puede entregar una factura bajo el concepto de «servicios postales», por ejemplo, y luego «derivarla y manipularla» para dedicar el dinero a otro tipo de servicios.
En los últimos días, el ministro Cristóbal Montoro afirmó que no se han gastado fondos públicos ni en la compra de urnas para el referéndum catalán ni en la manutención de Carles Puigdemont, que estuvo desde finales de octubre en Bruselas y ahora se encuentra en Berlín. Ahora, el magistrado requiere a Montoro para que explique por qué niega la malversación.
Ciudadanos pide comparecencia urgente
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha opinado que alguien deberá dimitir en el Gobierno si finalmente se demuestra que se usó dinero público, porque eso además significaría que tanto Rajoy como Montoro «mintieron» al asegurar que no ocurrió. Rivera considera «muy preocupante» que el magistrado del Supremo haya pedido a Montoro que le explique en qué se basa.
«En este momento, lo que nos preguntamos muchos españoles es quién tiene razón, la Guardia Civil o Montoro, y yo tengo mi opinión. Creo que la Guardia Civil ha recabado información, el juez está pidiendo información y Montoro y Rajoy podrían haber mentido a los españoles en un caso tan importante», ha subrayado.
Su partido también ha pedido la comparecencia urgente en el Congreso del ministro. El secretario general del grupo parlamentario de Cs, Miguel Gutiérrez, ha registrado a primera hora la solicitud para que Montoro comparezca ante la Comisión del ramo.
Por último, la acusación popular, que ejerce el partido VOX, pedirá que el ministro testifique ante el tribunal si sus explicaciones al juez sobre su negación de que haya habido malversación para pagar el 1-O no les satisfacen.
Reclamaciones catalanas
Por su parte, el PDeCAT espera que el juez envíe a Alemania la información que le haga llegar Montoro, con lo que creen que se evitaría la posible extradición de Puigdemont por malversación. En los pasillos del Congreso, el portavoz económico del PDeCAT, Ferran Bel, ha defendido como «correcto» el requerimiento, aunque considera»inédito» que hasta ahora no se le haya pedido ningún informe, teniendo en cuenta que su Ministerio está desde el pasado septiembre a cargo de las finanzas de la Generalitat de Catalunya.
«Nos parece extraño que se haya tardado tanto», ha subrayado Bel, quien, no obstante, se ha mostrado «seguro» de que si Montoro dice que no se ha destinado dinero público a la consulta ilegal del pasado 1 de octubre «no lo hace de forma gratuita». «Seguro que no se hizo ningún pago del que no tuviera conocimiento el ministro Montoro», sostiene.
Asimismo, el diputado de ERC en el Parlament Ernest Maragall ha replicado que es la evidencia que existe una «causa general» contra el independentismo que no tiene ninguna base legal. «El Estado está cegado por la rabia y la frustración, y el mundo lo sabe. La justicia se ha convertido en venganza», ha concluido Maragall, que ha asegurado que el 1 de octubre es la fecha que mejor define a Catalunya ya que, a su juicio, evidenció que es un sujeto político con el derecho de votar sobre su futuro.
