Los Gobiernos central y vasco han cerrado un acuerdo para transferir a Euskadi la gestión de las tres cárceles de la comunidad autónoma, un traspaso que se materializará el 1 de octubre, así como otras tres competencias. Y lo ha hecho el día en que Instituciones Penitenciarias ha acordado el traslado de otros 5 presos de ETA a cárceles del País Vasco o próximas a la región y concede el tercer grado o régimen de semilibertad a otro recluso de la banda terrorista que será acercado a la prisión de Álava.
El traspaso de la gestión de las prisiones, que no la legislación de la política penitenciaria que seguirá en manos del Gobierno, se incluía en la docena de transferencias que conforman el primer bloque de traspasos de los tres previstos entre ambos ejecutivos para culminar el Estatuto de Gernika.
Junto con el traspaso al Gobierno Vasco de la gestión de las cárceles de Álava, Basauri (Bizkaia) y Martutene (Gipuzkoa), en las que trabajan más de 600 funcionarios y casi un centenar de laborales y permanecen presas 1.300 personas, el acuerdo recoge las competencias de transporte por carretera, el edificio Distrito Marítimo de Ondarroa (Bizkaia) y la gestión del código bibliográfico ISSN (registros de autenticidad de las publicaciones).
Estos cuatro traspasos se ratificarán en una reunión de la Comisión Mixta de Transferencias el próximo 10 de mayo. Desde el inicio de este año los dos gobiernos intensificaron los contactos para poder cerrar el acuerdo en torno a la competencia de prisiones, que, hasta ahora, solo la tiene asumida Cataluña. Para el diseño del modelo penitenciario que desarrollará, el Gobierno Vasco ha fichado al juez Jaime Tapia, presidente de la sección Penal de la Audiencia Provincial de Álava.
La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha explicado en una comparecencia pública que la transferencia de prisiones supone «asumir la competencia exclusiva para la organización, régimen y funcionamiento de los establecimientos penitenciarios» de la comunidad autónoma. El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha destacado la «relevancia política» de la transferencia de prisiones, una competencia que el Gobierno Vasco va a ejercer desde los principios de «reeducación, resocialización y reinserción».
Erkoreka ha dicho en varias ocasiones que el Ejecutivo de Vitoria impregnará un «perfil propio» al ejercicio de esta competencia ya que, pese a que la legislación se mantiene en manos del Estado hay un «margen importantísimo» de actuación, «con lealtad total» a esa legislación. Ha rechazado las sospechas de partidos como el PP en torno a que esta transferencia podría beneficiar a los presos de ETA y ha zanjado que «no hay razón alguna para plantear sombras de sospecha» de posibles actuaciones «irregulares» de nadie.
Tras afirmar que Euskadi tiene «mucho que celebrar hoy» con este acuerdo, el vicelehendakari primero ha manifestado que con él se reafirma que «el pacto es el camino», que es el «modelo histórico de relación» que defiende, un modelo de «éxito». En este sentido, ha sentenciado que «a través del diálogo es posible alcanzar acuerdos», por lo que ha ratificado el compromiso del Ejecutivo autonómico con la «fórmula del pacto para seguir avanzando» en la culminación del Estatuto.
El acuerdo contempla una valoración económica del traspaso de prisiones en 70 millones de euros, cantidad que Euskadi descontará del cupo que paga al Estado y que se trasladará a los presupuestos del Gobierno Vasco para financiar las funciones y servicios asumidos. En cuanto a los trabajadores afectados, Garamendi ha precisado que son alrededor de 700 las personas que trabajan en los tres centros, que el Gobierno Vasco integrará y se hará cargo de sus retribuciones, respetando los derechos adquiridos hasta el momento.
Garamendi ha afirmado que este acuerdo supone un «hito muy importante y satisfactorio» en el desarrollo del autogobierno vasco y ha anunciado que hasta la celebración de la Comisión Mixta podría cerrarse alguna otra transferencia.
5 presos más cerca
Y todo esto el mismo día que Instituciones Penitenciarias ha acordado el traslado de otros cinco presos de ETA a cárceles del País Vasco o próximas a la región y concede el tercer grado o régimen de semilibertad a otro recluso de la banda terrorista que será acercado a la prisión de Álava. Entre los acercamientos ordenados este viernes y de los que informa la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en un comunicado está el traslado desde la cárcel de Zuera (Zaragoza) a la de Álava del etarra Igor Martínez de Osaba Arregui.
Se trata de uno de los tres integrantes de la denominada «caravana de la muerte» con destino a Madrid, compuesta por dos furgonetas-bomba con unos 1.745 kilos de explosivos, una de las cuales conducía este etarra, y que tenían previsto colocar el 20 de diciembre de 1999 en algún lugar de la capital. Martínez de Osaba ingresó en prisión noviembre de 2000 y cumple una condena acumulada de 30 años por los delitos de colaboración con banda armada, asesinato, atentado, depósito de armas, falsificación de documento público y tenencia de explosivos.
Prisiones detalla que cumplirá las tres cuartas partes de la condena en mayo de 2023, que está abonando la responsabilidad civil. acepta la legalidad penitenciaria, rechaza la violencia y ha remitido escritos en los que muestra su respeto hacia las víctimas de sus delitos y manifiesta su voluntad de reparar el daño causado.
También será acercado a una cárcel vasca, en este caso a la de Bilbao, Ugaitz Pérez Sorriketa, que será trasladado desde Logroño. Ingresó en prisión 2002 y cumple una condena de 25 años por los delitos de desórdenes públicos, incendios, lesiones y daños.
En agosto cumplirá las tres cuartas partes de su condena y, según Prisiones, ha presentado escrito en el que rechaza el uso de la violencia y se muestra concernido por el daño causado a las víctimas de sus delitos.
El tercer traslado corresponde a Garikoitz Arruarte Santa Cruz, condenado por la Audiencia Nacional a veinte años de cárcel por el atentado frustrado en la Nochebuena de 2003 mediante la colocación de dos maletas-bomba en un tren que salía ese día de Irún (Guipúzcoa) y llegaba a Madrid.
Arruarte será conducido desde la cárcel de Soria a la de Pamplona, en tanto que cambiará la cárcel coruñesa de Teixeiro por la de Dueñas, en Palencia, Gregorio Escudero Balerdi, condenado, entre otros delitos, pro el asesinato del concejal del PP en Zarauz de José Ignacio Iruretagoyena en 1998, cuyos autores materiales fueron Francisco Javier García Gaztelu, «Txapote» e Irantzu Gallastegi Sudupe, «Amaia».
En lso traslados de este viernes figura el de una presa Miren Itxaso Zaldúa Iriberri, que ingresará en Asturias procedente de la cárcel de Topas (Salamanca).
Se encuentra en prisión preventiva y está procesada por su participación en el atentado contra Manuel Giménez Abad el 6 de mayo de 2001 y por el atentado que cometió ETA el 24 de septiembre de 2002 en Leiza en el que resultó muerto el guardia civil Juan Carlos Beiro y otros cuatro resultaron heridos.
Por último, la Secretaría General ha ordenado la progresión a tercer grado o régimen de semilibertad de Asier Bengoa López de Armentia, en prisión desde 2019 con una pena de siete años y seis meses por el delito de colaboración con banda armada, condena que ya había cumplido en parte como preso preventivo.
De hecho, ha satisfecho ya la mayoría de la condena, se ha desvinculado de la banda terrorista, rechaza el uso de la violencia, ha pedido perdón a las víctimas y ha manifestado su deseo de reparar el daño que les causó con sus delitos.
A propuesta de la Junta de Tratamiento de la cárcel en la que estaba, la de Zaragoza, Prisiones ha ordenado su traslado a Álava.
Según denuncia la AVT, 52 de los 212 traslados correspondientes a 176 etarras (algunos han cambiado de prisión más de una vez) «duermen» ya en cárceles del País Vasco y Navarra.
