El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón está decidido a esclarecer por qué Pablo Iglesias tuvo seis meses en su poder la tarjeta de móvil que sustrajeron, en noviembre de 2015, a su ex colaboradora Dina Bousselham y, sin embargo, no se la entregó hasta julio de 2016, cuando se hicieron públicos diversos pantallazos de sus conversaciones con el líder de Podemos, entre ellas una en la que afirmaba respecto a la periodista Mariló Montero que la «azotaría hasta que sangrara».
Un atónito García Castellón insistió una y otra vez a Bousselham –en su declaración judicial del pasado 18 de mayo– en que le precisara la fecha exacta en que el actual vicepresidente le entregó la tarjeta, que ya se encontraba dañada y a cuyo contenido, se encargó de repetir hasta la saciedad la ex asesora morada, no pudo acceder. En el trasfondo de su declaración, la posible imputación a Iglesias de delitos de daños informáticos y revelación de secretos.
Ante las reiteradas lagunas de memoria de Bousselham, el magistrado le precisó que no es lo mismo que Iglesias le entregara la tarjeta unos días después de haberla recibido, y funcionase entonces, a que lo hiciera seis meses después y ya destruida, como ocurrió finalmente. «Yo puedo achacarle a usted que ha intentado destruir esa tarjeta, o no», le dijo de sopetón. «A lo mejor esto le ayuda a recordar, porque cuando se tiene una tarjeta privada esa tarjeta no es del que la recibe». «Por lo tanto, si una tarjeta no es mía, yo la devuelvo de forma inmediata», subrayó García Castellón. Y ante la sorpresa de la ex asesora de Podemos, matizó que estaba haciendo «una suposición» y no «dictando sentencia». «Pero si se la entregan seis meses después, la pregunta no va dirigida a usted. ¿Se da cuenta?», aseguró en una nada velada referencia al actual vicepresidente..
El instructor no se anduvo por las ramas e instó una y otra vez a Bousselham a que le justificara por qué no pidió explicaciones a Iglesias al comprobar el estado en el que se encontraba esa tarjeta SIM. Pero ella intentó echar un cable a su ex jefe:
«Sabiendo que había fotos mías privadas que él ha podido ver igual ha dicho: “Para que no se sienta mal y sepa que yo he visto fotos privadas íntimas de ella…” No sé».
«¿No puede determinar si fue cerca o lejos de la publicación?», le preguntó el instructor en referencia a la divulgación de esas conversaciones por OKdiario en julio de 2016. «De verdad que no recuerdo cuándo me lo dio», insistió hasta la saciedad la víctima del robo, quien únicamente afirma recordar que fue en las mismas fechas en las que recurrió, en el verano de ese año, a una empresa especializada para intentar recuperar su contenido.
«¿En ningún momento nadie le ha explicado que en realidad, por ejemplo, la tarjeta se intentó destruir?», llegó a plantear abiertamente el juez. Pero Bousselham –que ya había explicado que el líder de Podemos se limitó a explicarle que la había recibido de manos del presidente del Grupo Z, Antonio Asensio, en una reunión confidencial– negó la mayor. «Si tiene usted tan buena relación, le preguntaría si a él le funcionaba la tarjeta», insistió.
García Castellón le recuerda entonces que esa empresa le informó de que no se podía recuperar nada. «Eso no es un simple deterioro de la tarjeta. Puede significar otra cosa», asegura el instructor en referencia a una posible conducta delictiva. «En el periodo de seis meses pasó de estar en perfectas condiciones a estar destruida», constata el juez: «¿Dónde ha estado depositada seis meses para que esté destruida?». «¿No le ve alguna explicación lógica?», pregunta de nuevo. «Que se haya estropeado…», arguye Bousselham entonces. «Estropeado, no, destruida», replica el magistrado, para quien se trata de algo «lo suficientemente grave» para, ante la evidencia de que no funciona, «pedir explicaciones» a Iglesias.
Ni al instructor de esta «pieza Dina» ni al fiscal Anticorrupción Miguel Serrano les convencieron las explicaciones de Bousselham. El representante del Ministerio Público se mostró sorprendido por el hecho de que «en ningún momento» comunicase a la Policía que ya había recuperado la tarjeta. «Yo no sé si esa tarjeta es al 100×100 la que me han robado», argumentó la ex asesora de Iglesias, para quien el contenido de su móvil intervenido a Villarejo «está todo manipulado». «Usted la aportó como tal al juzgado», le recordó el fiscal.
García Castellón también intentó sin éxito que diera una explicación coherente al hecho de que al ampliar su denuncia en julio de 2016 no comentara a la Policía que ya tenía la tarjeta:
«O sea, que usted denuncia el robo de su coche, recupera el coche y después no lo dice…». «Pero yo no sé si ese es mi coche». «¡Por favor! Le ha dicho una persona en la que usted confía totalmente, y además es su jefe de filas, que ésa es la tarjeta porque él lo ha comprobado. Entonces, ¿qué me está usted contando?»
«Lo que sí puedo asegurar es que cuando salen publicadas (las conversaciones) es evidente que salen de mi móvil y en ese caso se da cuenta Pablo, yo y todo el mundo», dijo Bousselham. La ex asesora morada negó cualquier interés en perjudicar a Iglesias al divulgar algunos pantallazos de esas conversaciones (que igualmente afirmó no recordar con quién compartió). «Me llevo bien. Aparte de compañeros de trabajos, somos amigos».
Sus respuestas huidizas terminaron por exasperar al juez:
«Me doy por enterado. Me doy por enterado de que no me he enterado. Que quede claro»
El punto y final al interrogatorio, hora y media después, no pudo ser más revelador de la contrariedad de García Castellón: «De momento hemos terminado. Y digo de momento…».
