El Consejo de Ministros celebrado ayer en Barcelona aprobó la subida del salario mínimo (SMI) un 22,3%, hasta los 900 euros, para el año próximo, el mayor aumento en cuatro décadas. La medida, de la que según el Gobierno se beneficiarán cerca de 2,5 millones de trabajadores, tiene por objetivo «prevenir la pobreza en el trabajo, aumentar el nivel de vida de las personas peor retribuidas y fomentar el crecimiento salarial más dinámico». Además, el Ejecutivo cree que contribuirá al sostenimiento de las arcas de la Seguridad Social.
Aplaudida por los sindicatos, la medida no suscita, sin embargo, tanto entusiasmo entre los empresarios y algunos destacados organismos con el Banco de España a la cabeza. El supervisor financiero estima que un incremento tan brusco de estas retribuciones puede poner en riesgo 150.000 empleos, mientras que la Comisión Europeo lo rebaja a entre 70.000 u 80.000. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) es la menos pesimista en sus cálculos, al prever un impacto negativo sobre el empleo de 40.000 personas.
Jóvenes e inmigrantes son, potencialmente, los colectivos a los que más puede perjudicar la medida. Se trata, en ambos casos, de los menos productivos. Y, como argumenta la patronal (CEOE), las empresas pueden decidir que en el caso de aquellos trabajadores que proporcionen unos ingresos inferiores al coste laboral que generan, lo mejor sea rescindir sus contratos. Las compañías no sólo tendrán que incrementar los sueldos sino también las cotizaciones a la Seguridad Social derivadas de dicho incremento salarial.
Ante esta corriente pesimista, el Gobierno argumenta que no existen evidencias empíricas que sostengan que incrementos bruscos del SMI hayan tenido efectos negativos en el empleo. No obstante, el propio secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ha reconocido que podría tener efectos sobre el empleo de sectores como el comercio o la hostelería.
Junto al incremento del SMI, el Gobierno también aprobó el decreto-ley para incrementar el salario de los empleados públicos el año próximo. El aumento, que deriva de un pacto alcanzado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy con los sindicatos, establece una subida del 2,25% para todos los empleados públicos, a la que hay que sumar un porcentaje variable que puede alcanzar el 0,25%, ligado a la evolución del PIB a partir de un 2,5%. Los empleados públicos contarán, además, con otro 0,25% de fondos adicionales cuyo reparto, en este caso, dependerá de la negociación de cada administración con sus organizaciones sindicales. En el caso de la retribución variable del 0,25% para un crecimiento del PIB igual o superior al 2,5%, el porcentaje de retribución variable disminuirá proporcionalmente a la reducción que se produzca sobre dicho 2,5%. Tendiendo en cuenta las previsiones del Gobierno, que estiman un crecimiento del 2,3% para 2019, todo apunta a que el salario de los funcionarios crecería un 2,4% el próximo año. A esta cifra, dependiendo de la administración, se le sumaría un 0,25%.
