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El relevo de los diputados suspendidos evidencia la fractura independentista

La situación de los seis diputados encausados y la manera de aplicar la suspensión del Tribunal Supremo han vuelto a evidenciar la fractura existente en el bloque independentista, con formaciones tan alejadas ideológicamente como ERC, la CUP y Junts per Catalunya. En el Parlament, los republicanos apuestan por la «sustitución» de los dirigentes encausados que proponen los letrados del Parlament –delegarían el voto en otro miembro de su mismo grupo–, mientras que JxCat recela y coquetea con la desobediencia al considerar que esta fórmula implicaría acatar la orden del juez Pablo Llarena. Diferencias que han vuelto a tensionar las costuras de un bloque que hoy deberá tomar una decisión «in extremis», antes de que dé inicio el último pleno del curso.

La reunión de ayer de la Mesa para decidir qué hacer y cómo aplicar la suspensión de los diputados encausados se saldó sin acuerdo y con posiciones muy encontradas entre partidos. De hecho, el pacto fue imposible y ambas formaciones se emplazaron a una reunión de urgencia convocada hoy a primera hora de la mañana para tratar de desencallar el problema. Una situación inaudita y a contrarreloj por el inicio de un pleno fijado para las 10.00 horas. Es más, si JxCat y ERC no llegan a un acuerdo, la sesión podría suspenderse.

Los republicanos están dispuestos a aceptar la «suspensióntemporal» de los diputados investigados, pero exigen que se cumplan dos premisas: que no deban renunciar a sus actas y que no se alteren las mayorías parlamentarias. Es decir, que puedan mantener y delegar sus votos.

Una fórmula avalada por los letrados del Parlament –dirigidos ahora por el ex líder de ERC, Joan Ridao– que no contenta a Junts per Catalunya. De hecho, los postconvergentes se plantean el desacato al Tribunal Supremo, pese a que el debate es intenso dentro del grupo parlamentario, con muchas voces contrarias a una posible desobediencia.

Quien lo tiene claro dentro de este bloque son los antisistema. «La CUP quiere hacer valer sus votos sin (aceptar) ningún tipo de acción represiva de ningún tribunal», aseguró ayer el diputado Vidal Aragonès, quien definió el dictamen del juez Llarena como «una aberración porque ya no solo persigue el movimiento político catalán, sino que se ha convertido en legislador». «Lo que ha hecho es generar legislación y los jueces tienen que interpretar las leyes y no legislar», advirtió tras dejar claro que su opción es la desobediencia.

El PSC y los «comunes», por su parte, se muestran a favor de la «suspensión temporal», un extremo al que se oponen Ciudadanos y PP. «Lo que no podemos aceptar de ninguna manera es que estar suspendido sea exactamente igual que no estar suspendido, porque esto es un fraude», resumió Inés Arrimadas.