El soberanismo ajusta su calendario para el choque institucional

“Nada es como siempre. Así que el como siempre el 1 de octubre es imposible”. La frase de uno de los responsables del andamiaje político del referéndum no es fruto de la resignación, sino de quien asume que el proceso de poner las urnas en Catalunya no responde a “circunstancias normales” y que el margen de maniobra de las instituciones catalanas es “poco y está condicionado a factores externos”.

El calendario hacia el referéndum es tan endiablado como etéreo y se someterá a los avatares de cada paso que dé el Gobierno central. “Todo está previsto pero no hay nada decidido”. Esa es la paradoja en la que vive el bloque independentista. Hay una proposición de ley de referéndum, pero no está decidido cuándo se presentará en el registro del Parlament; se presentará en los próximos días el contenido de la ley de transitoriedad, pero no está decidido si se tramitará junto a la ley del referéndum… El calendario existe, pero es revisable cada día. Todo depende. Depende de ver “lo que hacen ellos”, “de lo que pase”, “de si alguien comete un error ­grave”…

Hace diez días la distorsión en la hoja de ruta soberanista procedía de la composición del propio Govern. La salida en bloque de consellers del PDECat pudo ser mayor, con Meritxell Borràs, y las dudas de última hora de Santi Vila, hasta el punto de que personas de la máxima confianza del presidente Carles Puigdemont le plantearon la necesidad de “tomar decisiones” que conducían irremediablemente a la convocatoria de elecciones.

Pero un par de horas y algunos contactos con su comité asesor hicieron que Puigdemont desterrara la idea y mantuviera el rumbo hacia el 1-O, obviando además la demanda del PDECat de “socializar” no sólo las responsabilidades de la convocatoria del referéndum, sino también la operación salida con el conseller de Justícia, Carles Mundó. Demanda que no se ejecutó y que no ha sido bien digerida por algunos responsables de la nego­ciación de ese día en el Palau de la Generalitat.

Los relevos en el Govern supondrán nuevos nombramientos en el Consell Executiu del martes y no sólo en la Conselleria d’Ensenyament. Entre los hoy exconsellers se da por hecho que habrá más bajas y cambios, incluso en el Departamento de Presidència, pero también que se espaciarán hasta septiembre.

El soberanismo ha pasado de la crisis del Govern a repeler unido la presión de Madrid

La presión interna se ha diluido porque la semana ha sido prolija en avisos de Madrid. El Tribunal de Cuentas ha puesto en marcha una nueva investigación sobre los condenados del 9-N que podría cargar sobre sus patrimonios una factura de más de 5 millones de euros, y Hacienda amenaza la financiación de la Generalitat sometiendo a control sus finanzas para evitar gastos en torno al referéndum. Lo que pone en peligro la transferencia de 3.600 millones del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) a Catalunya es un gasto extra de 6.150 euros no fiscalizados de una partida bajo el epígrafe de procesos electorales. Y aunque el conseller de Presidència, Jordi Turull, asegurara ayer que “la ley de contratación pública ofrece muchas posibilidades”, los “itinerarios” para comprar urnas son cada vez más limitados.

De hecho, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y sus colaboradores más próximos los tenían sobre la mesa pocos días después de que la Conselleria de Governació declarara desierto el acuerdo marco inicial a principios de julio. Se podía volver a plantear un acuerdo a la espera de nuevas ofertas, lo que los técnicos desaconsejaban, o, consecuentemente iniciar un proceso negociado, que permite mantener el contrato sin publicidad, lo que requiere de un pliego de condiciones administrativas e informes jurídicos previos.

Los técnicos del Palau de la Generalitat propusieron otros tres escenarios, todos con inconvenientes de ejecución o con el relato al que se aferra el Govern. La cesión de un particular era el que avalaban algunos de los consellers salientes. De hecho, en círculos independentistas se especula con que las urnas ya han sido adquiridas y reposan en un almacén oculto. Externalizar la gestión administrativa del referéndum es la vía para eludir los delitos de malversación de fondos públicos o investigaciones del Tribunal de Cuentas, pero rompe con la disposición de que el día 1 de octubre se votaría “como siempre” y lo organizará el Govern.

Otra posibilidad sería trocear el contrato para convertirlo en varios encargos de cuantía menor y escapar a la imposición del concurso público, aunque se trataría de un fraude de ley. La última opción era la más osada, ya que planteaba un escenario de desobediencia más que explícita. Los ayuntamientos custodian las urnas propiedad de la administración del Estado así que el día 1 de octubre no había más que cogerlas y utilizarlas. Para suplir la colaboración de alcaldes que no dieran su apoyo al referéndum, el Govern podría poner en marcha contratos menores de compra de urnas. El problema es que esa sería la alternativa en Barcelona y los ayuntamientos del área metropo­litana que controla el PSC y que congregan el mayor porcentaje de población.

La ley de transitoriedad se presentará el viernes o el lunes y se duda sobre su tramitación

El Consell Executiu impuso el silencio el martes sobre la adquisición de las urnas y el bloque independentista ajusta sus planes de actuación. El pleno del Parlament tiene previsto aprobar el miércoles la reforma del reglamento de la Cámara, lo que permitiría la tramitación exprés de la proposición de ley del referéndum, y, a pesar de que el pleno se prolongará hasta el viernes por la mañana, Junts pel Sí y la CUP mantienen su compromiso de hacer público el contenido de la ley de transitoriedad antes de acabar el mes. De ser así, el acto de presentación, que se diseñará siguiendo el esquema del de la ley del refe­réndum, se produciría el viernes por la tarde o el lunes siguiente. A partir de ahí se multiplican las dudas, según fuentes parlamentarias.

A principios de esta semana se decidirá cuándo se registran oficialmente las dos proposiciones de ley y si se tramitarán juntas o por separado. Si se opta por hacerlo antes de que acabe el periodo de sesiones, es decir, el día 31, o si, una vez aprobado el nuevo reglamento del Parlament, se puede hacer a partir del 15 de agosto. La decisión dependerá también de la respuesta del Consejo de Ministros del viernes, ya que en caso de recurrir la reforma reglamentaria ante el Tribunal Constitucional, esta quedaría suspendida y el periodo de sesiones no arrancaría hasta el 1 de septiembre. Ante esa eventualidad, los grupos independentistas la presentarían antes de las vacaciones parlamentarias.

En cualquier caso, los conflictos se trasladarán al Parlament. Si no hay recurso del Gobierno, la Mesa de la Cámara tiene previsto reunirse el 22 de agosto para admitir la proposición de ley a trámite, con la oposición de los grupos contrarios al referéndum. Ahí llegarán las peticiones de reconsideración y también una posible suspensión, si el Consejo de Ministros se decide a actuar sobre la tramitación parlamentaria.

Puigdemont tiene sobre la mesa hace semanas al menos cuatro vías para tener urnas el 1-O

El escenario de choque institucional estará servido entre gobiernos y con el Parlament. Los estrategas del bloque independentista admiten que deben “valorar muy bien” la “respuesta social” que se da a cada actuación teniendo en cuenta que se trata del mes de agosto, aunque existen comités de movilización ciudadana en los que se habla de manifestaciones, ocupaciones de espacios públicos o hackeo de webs gubernamentales.

El objetivo es llegar al pleno del Parlament programado para el 6-7 de septiembre pero que podría ­tener alguna réplica para aprobar la ley del referéndum. Las posibili­dades serían limitadas si el reglamento no está vigente, aunque con la mayoría independentista es ­suficiente para un trámite super­exprés. Se puede alterar el orden del día de un pleno apelando al artículo 81.3 del actual reglamento, lo que permitirá presentar la ley e incluso tramitarla sin necesidad de pu­blicarla en el Butlletí Oficial del ­Parlament. El artículo 105 prevé una declaración de urgencia que reduciría los trámites y dejaría los plazos a consideración de la Mesa, con mayoría de Junts pel Sí, y el 106.4 permite que el debate se haga a partir de la simple lectura en el hemiciclo de la iniciativa. La aprobación del decreto se señalaría para la ­Diada, con la movilización masiva garantizada por las entidades soberanistas en las calles de Barcelona.

El presidente Puigdemont apeló esta semana a “no distraernos con procesos administrativos”, pero su hoja de ruta depende de ellos.

Las claves parlamentarias

Reglamento. El pleno aprobará el miércoles por la tarde la reforma que permite la tramitación exprés de las leyes de desconexión y señala el 15 de agosto para iniciar el curso político. Una suspensión del TC obligaría al soberanismo a modificar sus planes.

Ley del referéndum. Podría presentarse en el registro del Parlament antes del 31 de julio o a partir del 15 de agosto amparados en el derecho de iniciativa parlamentaria. El plan inicial plantea la admisión a trámite del texto el 22 de agosto.

Ley de transitoriedad. En las próximas horas se decidirá cómo se tramita. ERC y la CUP quieren que sea de la mano de la ley del referéndum, pero el PDECat se resiste a aprobarla antes del 1-O.

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