El Supremo desdeña el desafío de Puigdemont

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La justicia también es táctica. Al menos la española. Tenía el Tribunal Supremo una nueva oportunidad de activar la euroorden contra Carles Puigdemont que guardó en el cajón en diciembre, cuando vio que Bélgica no iba a atender sus requerimientos y, como mucho, iba a extraditarlo solo por un delito de malversación. Y  la ha desdeñado. El ‘expresident’, que también desde este lunes ya es oficialmente el candidato a la investidura propuesto por el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha andado este lunes, y seguirá el martes, por Copenhague en una visita telegrafiada ‘urbi et orbi’, seguramente para provocar el movimiento del Supremo, que le fuera a buscar. Pero todo tiene un truco.

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El de Puigdemont pasaba por ser retenido en Dinamarca, en un proceso similar al que le ocupó en octubre y noviembre con las justicia belga. En tanto se dirime su extradición o no a España, él podía, ahora sí, delegar el voto por cuanto tendría los movimientos restringidos a los límites territoriales daneses. Eso sí, la jugada era arriesgada por cuanto el código penal danés, a diferencia del belga, sí se emplea con dureza en los delitos de rebelión y sedición, por lo que de haberse aplicado la euroorden todo parece indicar que se habría encauzado el largo camino del ‘expresident’ en la cárcel.

La conclusión de todo ello, con todo, es aun más paradójica. Un huido de la justicia española sobre el que pesan muy graves acusaciones que le podrían acarrear, en caso de ser sentenciado en un juicio en España, hasta 30 años de cárcel, y de haber cometido el mismo presunto delito en Dinamarca podría enfrentarse a la cadena perpetua, anda suelto por Europa sin que nadie le ponga el cascabel al gato. 

El auto de Llarena

Ahora bien, ¿por qué no actúa el Supremo, visto el panorama? El juez Pablo Llarena ha descartado reactivar la orden de detención, precisamente, porque considera que ha “provocado” su detención para poder delegar su voto en la investidura.En un auto, Llarena subraya que desplazándose “con jactancia” a Dinamarca –para participar en un debate organizado por la Universidad de Copenhague–, Puigdemont busca “favorecer una estrategia anticonstitucional e ilegal” para “forzar” la delegación de su voto como si su situación fuese la de privación de libertad”, al igual que han hecho el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; el ‘exconseller’ de Interior Joaquim Forn y el expresidente de la ANC Jordi Sánchez, todos ellos en prisión. Es decir, pesa más lo político (la posible delegación de voto en su investidura) que lo judicial (detener a un presunto delincuente). Por todo ello rechaza la “lógica” petición de la Fiscalía de activar la orden europea de detención. 

Varapalo de los académicos

El motivo y razón de la visita de Puigdemont, su participación en el debate ‘Catalunya y Europa, encrucijada de la democracia” fue menos agradable para el ‘expresident’ de lo que cabía esperar. Reivindicó un referéndum pactado (nueva vuelta atrás) y una solución “política y no judicial” , mientras que los asistentes, académicos daneses, le tildaron de “populista” y de poco menos que de llevar al desastre a Europa por obrar que cada “identidad tenga su Estado”. Lo que tiene su guasa por cuanto Dinamarca apenas cuenta con un tercio más de territorio que Catalunya, dos millones menos de personas  y una historia llena de uniones rotas con noruegos y suecos. De hecho, Dinamarca es uno de los ejemplos de arcadia terrenal a la que el independentismo frecuentemente se remite.

El candidato a la presidencia de la Generalitat se reunirá este martes con diputados daneses, pero ninguno de ellos de los partidos que dan respaldo al Gobierno.

Puigdemont no fue el único en pedir diálogo al Estado. Torrent, al tiempo que comunicaba que el ‘expresident’ era el elegido para reeditar el cargo, explicó que había mandado una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para pedirle una reunión para abordar la “situación anómala” en la cámara catalana.

Sin embargo, fuentes del Ejecutivo central han recalcado que la situación de Puigdemont no es competencia de  Rajoy, sino que corresponde a la justicia. El portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado además que “no existe posibilidad política alguna” de que el Parlament tome decisiones al margen de la ley y ha insistido en que “nadie en España” puede albergar dudas de que el Gobierno impedirá que se cometa cualquier ilegalidad.