El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condenado a la Generalitat a indemnizar con unos 16 millones de euros a una treintena de ayuntamientos catalanes a los que dejó de pagar las ayudas correspondientes a las escuelas infantiles entre los años 2012 y 2014, según recoge una sentencia hecha pública este viernes.
Entre los 26 municipios a los que deberá pagar la Conselleria d’Ensenyament se encuentran Tarragona, Lleida, Santa Coloma de Gramenet, Sant Boi de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Viladecans y Cerdanyola, entre otros. Entre todos los beneficiarios, donde también hay pueblos de muy pequeño tamaño, suman una población de 1,1 millones de habitantes.
El pleito lo iniciaron también los ayuntamientos de Granollers, Les Masies de Voltregà, Riudarenes y Sant Cugat Sesgarrigues, que se desvincularon del proceso (por cambios en sus respectivas alcaldías), antes de que el TSJC dictara la sentencia, por lo que no recibirán ningún dinero.
1.300 euros anuales por plaza escolar
En concreto, la sala condena a la Conselleria d’Ensenyament a abonar a los consistorios demandantes un importe de 1.300 euros anuales por plaza de guardería durante el periodo reseñado, es decir los cursos escolares, 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015. La entonces ‘consellera’ Irene Rigau reconoció hace unos meses que, como había adelantado este diario, el presupuesto consignado para las escuelas infantiles públicas fue desviado a colegios concertados, para que estos pagaran las nóminas de sus empleados.
A partir deel 2015, la financiación de los parvularios de titularidad pública fue derivado a las diputaciones provinciales, que vienen haciéndose cargo de esta competencia desde entonces, aunque solo pagan 855 euros al año por plaza escolar.
Al goteo de sentencias en contra de Ensenyament por las guarderías se podría sumar muy pronto el caso de Sabadell, que también presentó un recurso de forma individual. Hasta ahora, ha habido sentencias favorables a los ayuntamientos de Cornellà, Esplugues y L’Hospitalet de Llobregat, de Terrassa y de Sant Joan Despí.
Los equipos de gobierno de Barcelona y de Badalona han anunciado que también ellos emprenderán medidas legales por estos impagos, pero fuentes judiciales han apuntado que no podrán reclamar el importe completo de la indemnización, porque la reclamación solo cubre un periodo de cuatro años, es decir no podrán exigir las ayudas anteriores al 2014.
