Uno de los temas que más crispación y polémica están creando en los últimos tiempos es la okupación ilegal de viviendas. Pese a ello, Podemos defiende para la Comunidad de Madrid una ley de desahucio que convierta en legal la okupación ilegal.
Entre las medidas de esta formación en materia de vivienda se pueden enumerar unas cuantas relacionadas con los desahucios y las hipotecas. Sin duda muchos votantes han acudido con la papeleta de esta formación a la urna descontentos por los posibles «abusos», por la depreciación de la vivienda, y por la posibilidad de quedarse «en la calle» al no poder hacer frente a las letras de la hipoteca.
Pero la intención de «Podemos» va más allá de defender a quienes no tienen vivienda o están en riesgo de perderla. También proponen la «expropiación» de las viviendas que lleven vacías más de un año.
Habla este partido de paralizar de forma inmediata todos los desahucios de primeras viviendas y de locales de pequeños empresarios, o de la incorporación de las viviendas vacías al parque público, gravando con impuestos los inmuebles vacíos no ofrecidos en alquiler social.
Pero también de la despenalización de la ocupación por parte de familias o personas en situación de vulnerabilidad o sin techo de viviendas vacías, con lo que, si uno es propietario de un piso, este está vacío durante un año, y no es capaz de venderlo o alquilarlo por los motivos que sean, cualquier familia con necesidad está en su derecho de «dar una patada en la puerta» y quedarse con el inmueble.
Se puede decir que en materia de vivienda proponen una «democracia directa» pero vigilada, porque estarían bajo el punto de mira del gobierno-asamblea todos los propietarios. La vigilancia incluye, según su programa la actualización de los padrones y Registros de la propiedad vinculados a los servicios de agua, gas y electricidad «para conocer el uso de las viviendas y para crear un Registro de Viviendas Desocupadas». O sea, que si tengo una vivienda en propiedad, el Estado me vigilará para saber a qué la destino, si la uso o no.
La expropiación con objetivos comunales se haría extensivo también al rural. Textualmente su programa electoral contempla la creación de «un banco público de terrenos agrícolas actualmente en desuso y de los procedentes de la expropiación de las grandes fincas que deberán pasar a gestión comunal».
