Carmen Calvo (Cabra, Córdoba, 1957) defiende una reforma del Estatut como única vía para encauzar la crisis en Catalunya. En un equilibrio complejo, llama al independentismo a abandonar el «sectarismo» pero reconoce que no hay motivos para un nuevo 155. El Gobierno, dice, no debe actuar para que los líderes del ‘procés’ salgan de prisión.
El Gobierno propone solventar la crisis con Catalunya mediante el diálogo. Sin embargo, en las dos últimas elecciones el 47% del electorado apoya tesis independentistas. ¿Cómo se encauza el conflicto sin abordar el quid de la cuestión: soberanía o autodeterminación?
[Mariano] Rajoy y su partido no han hecho otra cosa que fabricar independentismo. Abdicó de hacer trabajo político y se lo entregó a la administración de justicia. ¿Qué hemos hecho? Trasladar que lo que nos interesa es que la sociedad catalana no esté fracturada y solucionar los problemas de Catalunya. ¿Eso es fácil? ¿Se hace rápido? No, no es fácil, pero damos pruebas cada día de que esa es la única salida. Y, en el plano político, debemos recomponer algunos elementos que se fracturaron en el intento de Catalunya con su Estatut. Esa vía tiene que explorarse, porque la pregunta es al revés. ¿Hay otra vía de salida? Es que no la hay. Los catalanes tienen una mayoría social que no es independentista, una mayoría política en escaños que les permite el Govern y eso nos coloca a todos en la obligación de trabajar.
Una reciente encuesta de EL PERIÓDICO dice que el 42% de los catalanes quieren un referéndum de independencia, y un 27%, un referéndum de autogobierno. Un 70% quieren votar, pero no lo mismo. ¿Cómo llevar a cabo una reforma sin mayorías y con esta fragmentación?
Esto no es ni rápido ni fácil. Nadie se puede saltar las normas, su propio Estatut, como ha ocurrido, ni vulnerar la Constitución, como ha ocurrido. Es verdad que Catalunya vota en un referéndum y luego hay una sentencia que rectifica a las urnas. Pues habrá que recoger un punto donde los catalanes, votando su reforma del Estatut, en unos procedimientos normados, garantizados y con seguridad jurídica, controlen directamente ellos. Todos los muestreos mandan mensajes claros: reforma de la Constitución, reforma del Estatut, mejora de la financiación. No es fácil porque las instituciones catalanas llevan prácticamente un año actuando de una forma muy partidista, muy sectaria. ¿Qué podemos pedir? Lo mismo que a la vida: un poco de madurez, un poco de contención de radicalidades y más mirar por los ciudadanos.
Habla usted de la reforma de l’Estaut. ¿La detallará el presidente en el pleno monográfico sobre Catalunya en el Congreso el 12-D? ¿Cómo debería ser?
El presidente hará el diagnóstico de experiencia de este Gobierno. Aquí no vale decir todos los días cosas radicales, teóricas e imposibles. Que las dicen todos, por cierto. Unos crean la república, otros quieren el 155 y andan todos en la radicalidad. Pues el Gobierno está fijando una posición realista. Es evidente que una propuesta de modificación de ese Estatut tiene que venir de Catalunya. Estamos pidiendo que los catalanes hablen entre ellos y que haya un Govern que procure el diálogo entre los catalanes. El ‘president’ Torra ha llamado a una estructura de trabajo. Deberían ir todos los partidos. Hay que intentar que los catalanes encuentren un punto de encuentro capaz de hacer una propuesta que tiene que salir de Catalunya. ¿Que va a ser una propuesta de unanimidad? No lo esperamos.
Los independentistas dicen que la reforma del Estatut es una pantalla pasada. ¿Cómo puede haber desinflamación cuando dicen que sin la autodeterminación y la liberación de los presos no hay nada que hacer?
Hemos dicho mil veces que no se puede mezclar la situación procesal porque eso no corresponde al poder Ejecutivo. Ningún gobierno de ninguna democracia del mundo saca presos de las cárceles.
El Gobierno anterior intentó liberar a Quim Forn y no pudo.
En un Estado de derecho cada poder se mantiene en su estricto ámbito de competencias. No se puede pedir lo que no es posible. Lo que es evidente es que el derecho a la autodeterminación no existe en las democracias. No existe una regla que dice ‘yo me voy cuando yo quiera’. Catalunya puede votar un cambio de su Estatut en un encaje de la Constitución. No se puede seguir alimentando la idea de que existe el derecho de autodeterminació porque no existe, ni Naciones Unidas lo tiene previsto más allá que para situaciones de colonización.
En el mientras tanto, el juicio del ‘procés’ se acerca. ¿Teme el Gobierno que aumente la conflictividad en las calles catalanas durante las vistas y cuando haya sentencia?
La seguridad de Catalunya depende fundamentalmente de su Govern y de los cuerpos de seguridad del Estado. Dicho esto, tenemos que dejar que trabaje la justicia con la mayor imparcialidad posible. Nosotros hemos aceptado unas calificaciones que nos ha presentado la Abogacía General del Estado. El ministerio Fiscal ha hecho unas calificaciones que este Gobierno respeta. Dejemos trabajar a la justicia.
¿No ha podido trasladado el Gobierno un mensaje confuso? Pedro Sánchez optaba por la rebelión en mayo y ahora se encuadra en as tesis de sedición. Aunque ahora sea presidente y antes no, es la misma persona.
Siendo la misma persona, que lo es, evidentemente, es muy diferente la posición cuando eres el líder de un partido que cuando eres el presidente de todos los españoles. El presidente del Gobierno no puede calificar delitos.
¿Tiene garantías que no se van a cometer ilegalidades que desemboquen en un eventual nuevo 155?
Cuando hemos advertido que se podía estar en zonas no admisibles este Gobierno las ha recurrido. Hemos recurrido ante el Tribunal Constitucional en dos ocasiones, la última porque no existe la figura de la reprobación del Jefe del Estado en términos jurídicos.
Este Gobierno ha analizado las posibilidades de conceder un indulto a los líderes del ‘procés’. Como sabe, además de los penados, también el Ejecutivo puede tramitarlo de motu propio.
No, no. ¿Cómo nos vamos a colocar en esa situación si ni siquiera se ha abierto el juicio? ¿Cómo vamos a hablar de esto?
