El pasado 13 de febrero el Congreso tumbaba los Presupuestos de Pedro Sánchez. Unas cuentas que ya estaban condenadas al fracaso incluso antes de iniciar su recorrido parlamentario. Ese día el Gobierno sacó pecho y echó en cara a la oposición toda una lista de medidas que se iban a quedar por el camino por su «falta de lealtad»: las ayudas a la dependencia, la subida de IRPF para las rentas altas, el subsidio para parados mayores de 52 años o la eliminación del copago para pensionistas con rentas bajas, entre otras.
Sin embargo, se le olvidó mencionar una que afecta directamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE). La equiparación salarial de policías y guardias civiles con otras policías autonómicas también se quedaba en el limbo burocrático. Si no hay Presupuestos, no hay equiparación, así de simple.
En el acuerdo firmado entre los sindicatos policiales y el Ministerio del Interior, publicado en el BOE el 20 de marzo del año pasado, hay una cláusula específica que provoca que hoy la equiparación esté congelada. En su punto 5, el documento recoge que en caso de que no hubiese Presupuestos para el año 2018, el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska «establecería los mecanismos legislativos que sean necesarios para cumplir con la cantidad comprometida» para ese año. Sobra decir que esas cuentas salieron adelante y no hubo necesidad de recurrir a un Real Decreto para blindar la partida destinada a Policía y Guardia Civil.
Sin embargo, los firmantes de ese acuerdo no contemplaron ninguna medida para blindar la partida prevista para garantizar la subida salarial en los años 2019 y 2020. ¿Qué quiere decir esto? Que dependen de la palabra o buena fe del Gobierno, que bien podría recurrir a un Real Decreto o no.
Así lo han denunciado desde la Asociación Jusapol y los sindicatos Jucil y Jupol, que han dejado claro que están «a expensas de que un gobierno en funciones mediante Real Decreto quiera ejecutar el acuerdo que heredó del anterior gobierno». Una inestabilidad que se repite desde hace más de 30 años. Por ese motivo, exigen al Ejecutivo de Sánchez que confirme su compromiso con las FCSE y «comience el trámite necesario para realizar y aprobar un Real Decreto en el que esté incluida la partida presupuestada necesaria para una equiparación real en 2019″.
Una partida que debería incluir una subida lineal y que debería añadir los cien millones presupuestados y no gastados para segunda actividad y reserva, tanto en 2019 como en 2020. Y una vez conseguida una cifra total, que se aplique al Complemento Específico General (CEG), al igual que se hace en las policías autonómicas.
También quedaría pendiente otro asunto, la auditoría que la empresa Ernst&Young elaboró para certificar si la equiparación se estaba haciendo de forma correcta y cuyos resultados aún no se han hecho públicos.
Por fechas, el gobierno de Pedro Sánchez aún está tiempo de iniciar este trámite. Ahora depende de su voluntad hacerlo o no. Cabe recordar que por la vía del decreto ya se aprobaron otras medidas como la subida de las pensiones un 1,6%, la mejora de la protección social de los autónomos y la prórroga del subsidio extraordinario de desempleo.
Desde Jusapol, Jucil y Jupol recuerdan que nueva legislatura comenzará con una única ley en trámite parlamentario, la ILP sobre la equiparación que recogió más de 500.000 firmas y sigue su trámite parlamentario con el apoyo, de momento, de la mayoría de fuerzas políticas que conforman el Congreso.
