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ERC negocia con Sánchez expulsar a Vox del 1-O tras lograr que la Abogacía perdone la rebelión

ERC ha conseguido ya que el Gobierno fuerce a la Abogacía del Estado a rebajar la acusación y a renunciar a exigir lo que hasta ahora había pedido: el castigo por rebelión para los golpistas del 1-O. Pero ahora, los hombres del preso Junqueras se centran ya en el segundo paso de su plan para manipular la Justicia y la sentencia: por eso han pedido a Pedro Sánchez que expulse de la acusación a Vox, al que consideran como el principal escollo para poder centrar sus presiones en la Fiscalía y rebajar las acusaciones y con ello las penas de los golpistas.

El PSOE no se ha negado a negociar este punto y ha recibido el encargo. Pero el problema que tiene el Gobierno con la acusación popular que encarna Vox es que, a diferencia de la Abogacía del Estado, los equipos jurídicos de este partido no funcionan a la orden de Sánchez. Más bien lo contrario. Y eso significa que el Ejecutivo de Sánchez depende de que el propio Tribunal Supremo acepte echar de la acusación a quien inició el ataque judicial a los separatistas y a quien ha solicitado buena parte de las diligencias. Esa petición, que se tanteó ya durante la instrucción del juicio, nunca llegó a materializarse ante la evidencia de que el juez Llarena no la habría aceptado.

Pero en los últimos días ha ocurrido un episodio que demuestra que la petición de ERC ha sido escuchada y que, cuanto menos, los negociadores del Gobierno han aceptado buscar una solución. Y es que, a diferencia de lo ocurrido en la etapa de Instrucción, uno de los presos preventivos coordinados con ERC, Jordi Cuixart, el que fuera presidente de Ómnium Cultural durante los preparativos y ejecución del golpe separatista y su referéndum ilegal, sí ha presentado al Tribunal la solicitud de expulsión de la acusación de Vox.

La petición de ERC ahora sí ha sido escuchada y los negociadores del Gobierno han aceptado buscar una solución

El escrito fue remitido al Tribunal Supremo con una sola petición “la expulsión del procedimiento en su condición de acusación popular del partido político Vox”.

Los argumentos de los representantes legales de Cuixart se basan en que, según los abogados del golpista, Vox no estaría cumpliendo con “las reglas de buena fe”. Y todo ello porque, según su reclamación, “el acto político realizado por Vox en Vistalegre (Madrid) el pasado 7 de octubre deja patente el uso espurio que el partido político Vox está haciendo de la acusación popular”.

La defensa del golpista apela al “interés legítimo”

La defensa de Cuixart señala, además, que la legitimación de los partidos para ejercer la acusación popular “no es absoluta” porque “es necesario que la defensa del interés común sirva además para sostener un interés legítimo y personal, obviamente más concreto que el requerido para constituirse en acusación popular”. Y, según el golpista Cuixart “ha de existir algún punto de contacto o relación de la acusación popular con el interés que defiende”.

Según los abogados de Cuixart -ex presidente de Òmnium, una de las asociaciones que más ha trabajado para conseguir un determinado resultado electoral en Cataluña y que más dinero ha recibido con ese fin– Vox no demostraría ese interés legítimo porque el suyo sería un interés electoral.

El escrito concluye con la petición de que “este Tribunal no puede permanecer impasible con la evidencia del uso espurio de la institución de la acusación popular por parte del partido político Vox en este procedimiento”.

La argumentación puede parecer más o menos contundente desde el punto de vista jurídico. Pero, al margen de ello, lo cierto es que las alegaciones son el paso preceptivo para que el Tribunal Supremo lo valore. Y ese paso ya se ha dado por el responsable de una de las organizaciones coordinadas directamente con ERC -un partido que lleva la voz cantante en la negociación separatista con el Gobierno de Pedro Sánchez-.