El Gobierno teme más la aplicación de la ley que a los golpistas catalanes

Miquel Buch, presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Cataluña, Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, vicepresidente del Govern de la Generalitat, Neus Lloveras, presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y Jordi Gaseni, vicepresidente primero de la AMI

Miquel Buch, presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Cataluña, Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, vicepresidente del Govern de la Generalitat, Neus Lloveras, presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y Jordi Gaseni, vicepresidente primero de la AMI

H. Tertsch.- El ministro de Su Majestad británica Duff Cooper dimitía el 3 de octubre de 1938 en sesión del Parlamento de Westminster porque no podía soportar la vergüenza de compartir gabinete con un Neville Chamberlain que acababa de entregar una parte de Checoslovaquia, los Sudetes, a Hitler. Dijo Duff Cooper que, seguro como estaba de que las cesiones no apaciguarían a Hitler sino que acercarían aun más la guerra, él al menos quería salvar el único bien que apreciaba, que era poder andar con la cabeza alta. Sin malentendidos. Algunos aplaudieron a Duff Cooper su gallardía pero la mayoría la consideró una extravagancia más propia de Winston Churchill. Marginado y ridiculizado como agorero, belicista y extremista, Churchill ahogaba sus penas en su casa de Chartwell en las afueras de Londres. El 1 de octubre lo pasó con el joven periodista Guy Burgess –que pasaría a la historia como uno de los cinco espías de Cambridge–. Los dos sabían que no cumplir la ley era la muerte para la paz. Cumplir la ley era respetar y defender las fronteras de Checoslovaquia. El triunfante Chamberlain ya había pisado suelo británico y lanzado aquel lema que pronto sería sórdido sarcasmo de «tendremos paz mientras vivamos». Churchill y Burguess entendían que ninguna concesión evitaba la siguiente. Que el apaciguamiento solo elevaba el coste de la guerra. Que con los Sudetes, Londres había entregado a Hitler un pedazo de tierra propia. La guerra estaba servida.

En España la firmeza con la ley es la de Chamberlain. Muchos creen en el compromiso para entregar parte de España a quienes revelan todos los hábitos totalitarios. Con la mentira que enarbolan como bandera no pueden sino crear un estado de injusticia y abuso. Muchos culpables ha tenido esta terrible deriva que trae a España a la inaudita posición de creerse obligada a explicar por qué se defiende de quienes quieren destruirla. De argumentar su voluntad de supervivencia frente a quienes quieren desmembrarla, mutilarla, destruirla. Una minoría fanatizada en muchos años de adoctrinamiento, similar a la que desfiló por los Sudetes en 1938, pretende destruir España. Y encuentra comprensión como Hitler en Westminster. Los españoles no parecen con la presencia de ánimo suficiente para ver los efectos. De una limpieza política o étnica. De agitadores pancatalanistas sembrando el terror en otras regiones para anexionarlos al monstruo. También eso pasó en 1938. Los separatistas cuentan con poderosos cómplices en una izquierda comunista y socialista radical ansiosa de precipitar la voladura de la España constitucional. Para secuestrar después sus trozos inermes y construir esos paraísos experimentales que siempre concluyen en infierno. Aunque calibren y amaguen, desde Ada Colau a Pablo Iglesias, todos son aliados objetivos de los enemigos de la unidad de la España constitucional. ¿Quién defiende a España de este Munich totalitario? En principio, el Gobierno que se dice firme y los fiscales que han dictado órdenes también. Pero hay nubes negras de sospecha sobre los próximos días y los posteriores al 1 de octubre. Da lo mismo el referéndum. Si no se sofoca el golpe de Estado se reafirma en su pretensión y vocación de triunfo. Las advertencias del gobierno a políticos, funcionarios y particulares de que incurren en delito carecen de credibilidad si los cabecillas del golpe de Estado actúan libremente y comparecen ante las cámaras y en mítines como gobernantes legítimos. Cuando son ya delincuentes en rebelión. Da la terrible impresión de que el Gobierno teme más la aplicación de la ley que los sediciosos. Solo la implacable persecución de los máximos responsables del mayor crimen político desde la Guerra Civil puede sacar a España de ese letal malentendido.

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