España, paraíso de la desigualdad social

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Uno: el 28% de la población de España está en riesgo de pobreza, tasa solo superada en la UE por Bulgaria, Rumanía, Grecia, Lituania, Croacia y Letonia. Dos: tanto la OCDE como la Comisión Europea alertan de la escasez y la ineficacia de las políticas españolas para proteger a los más vulnerables, no digamos ya para redistribuir la riqueza. El resultado es una sociedad muy desigual, y creciendo. EL PERIÓDICO analiza los efectos de la desigualdad en la educación, la salud y la vivienda.

Carne de cañón desde el inicio de la vida

El poder de un abrazo es balsámico, reconfortante, mágico. Y si quien recibe ese abrazo es un niño pequeño poco acostumbrado a las muestras de afecto -porque sus padres tienen prioridades más urgentes (el trabajo precario, el dinero para pagar las facturas básicas, la hipoteca, la comida)-, los efectos se multiplican. Esta es la razón por la que las maestras de las escuelas situadas en las barriadas más castigadas por la crisis son tan dadas a abrazar a sus alumnos. Cuando un niño se siente querido, explican las docentes, crece en autoestima, gana en motivación y su aprendizaje mejora.

La primera infancia, el periodo que va entre los cero y los seis años (la llamada etapa 0-6), “es clave, porque es cuando se adquiere el mayor número de conocimientos y habilidades, cuando se conforman las estructuras neuronales de una persona”, reflexiona el sociólogo Jordi Collet, profesor en la Universitat de Vic (UVic-UCC), especialista en educación.

El problema, prosigue Collet, es cuando un niño crece en un entorno vulnerable. “¿Qué familia puede estar pendiente de los abrazos que le da a su hijo cuando sabe que, por ejemplo, le van a desahuciar y echar de casa en un plazo breve?”, cuestiona el profesor de la UVic. En los últimos años, no es extraño encontrarse, en esas guarderías de alta complejidad socioeconómica, con pequeños con retrasos motrices y del lenguaje, que presentan problemas de infraestimulación y que, por tanto, empiezan con desventaja su recorrido por la vida.

Que un chaval deje los estudios sin terminar, o que prefiera quedarse con el título básico pelado (el abandono temprano), no es algo que ocurra de un día para otro. “En un hogar con un déficit de capital económico muchas veces habrá también déficit de capital educativo o cultural. Son hogares con padres menos capaces de estimular las capacidades de los niños en edades tempranas, de reconocer los talentos de los niños y cultivarlos”, asegura Pau Marí-Klose, profesor de Sociología de la Universidad de Zaragoza en una entrevista publicada esta semana en ‘El diario de la educación’. “Cuando los niños desfavorecidos llegan a la educación obligatoria -agrega-, lo hacen con desventajas que les impiden progresar en la misma medida que sus compañeros“.

Y se convierten en carne de cañón para el fracaso escolar. “A los 15 años, en España ha repetido un 53% de los estudiantes del segmento más desfavorecido de la población, mientras que solo lo ha hecho un 8% de los hijos de familias acomodadas”, afirma Marí-Klose. El porcentaje de alumnos en riesgo de fracaso escolar, aseguran analistas del Informe PISA, es casi seis veces superior entre los chicos con nivel socioeconómico bajo que entre los estudiantes pertenecientes a familias ricas.

Eso significa, según puso de manifiesto recientemente un estudio de la fundación Jaume Bofill, “que el sistema educativo en España no logra neutralizar las diferencias sociales durante el proceso educativo y distribuir los resultados con independencia del origen familiar”.

Ante esta constatación, algunas guarderías de Barcelona han puesto en marcha programas de choque para atajar las desigualdades entre alumnos desde el minuto cero de vida. El plan consiste no solo en mejorar las condiciones de aprendizaje de sus alumnos, sino también en dar herramientas a los progenitores. “No se trata de decirles cómo han de criar a sus hijos, sino de acompañarles, de compartir con ellos experiencias”, explica Janet Nolla, directora de la escuela infantil Quatre Torres, en el barrio del Bon Pastor de la capital catalana e impulsora del programa Compartiendo Conocimientos.

“El trabajo con las familias y con la comunidad es fundamental para reducir las desigualdades de salida”, subraya Emília Andreu, gerente del Instituto Municipal de Educación de Barcelona. En pocos años, gracias en buena medida a ese programa, el Quatre Torres ha pasado de ser un centro que las familias escogían en segunda o tercera opción a tener listas de espera de alumnos.

Hay varios puntos críticos, a lo largo de la trayectoria escolar de un alumno, en los que las desigualdades pueden ampliarse (o no), avisa Jordi Collet. “El primero de ellos, son las transiciones, el paso, por ejemplo, de la escuela infantil a la de primaria o el de primaria a la ESO, que es donde se pierde a los más débiles, y el otro, las actividades extraescolares, que según el modelo actual solo realizan quienes pueden pagarlas”, lamenta.

El altísimo coste en la salud de la pobreza

El factor socioeconómico pasa factura médica. Las personas con menos ingresos acuden cuatro veces más al médico de cabecera, presentan más riesgo de ciertas enfermedades, desde mentales a cardiovasculares o tienen mayor tasa de suicidio. Incluso acortan su esperanza de vida. Una desigualdad en salud que existe desde siempre pero que ha visto ahondada la brecha desde la crisis económica, y que se ha convertido, según algunos científicos, en la principal “enfermedad” del siglo XXI.

En el caso de España, no se trata de desigualdad en el acceso a la salud, sino más bien que “los problemas sociales se derivan a problemas médicos”, explica Ildefonso Hernández, miembro de la Sociedad Española de Salud Pública (Sespas)A menos ingresos se corresponde peor calidad de vida: alimentación más deficitaria, sedentarismo, dificultad para acceder a determinados tratamientos (especialmente dentistas o fisioterapeutas), y sobre todo problemas de depresión y ansiedad.

La salud mental fue la primera en evidenciar los efectos de la crisis, destaca Hernández. Y es que muchas veces, tras un dolor muscular o un ataque de ansiedad subyace un problema familiar o de inseguridad laboral “que no se soluciona solo con pastillas”. De ahí que reclame una atención más integral, como recoge la Estrategia Nacional de Equidad en la Salud, presentada por el Ministerio de Sanidad en el2008 pero paralizada, asegura, tras la llegada del gobierno del PP.

Las personas con menos ingresos acuden seis veces al año al médico de cabecera, mientras que aquellos con más recursos lo hacen solo dos, según un informe del Centro de Estudios Andaluces del 2017. También influye en la percepción de la enfermedad: uno de cada tres andaluces con menos ingresos reporta mala salud, cifra que no llega a uno de cada 10 entre aquellos con ingresos más altos. Se nota incluso en la sensación de tristeza que afecta al 18,8 por ciento de los más desfavorecidos y solo al 1,4 por ciento de los pudientes.

En el centro de salud de Las Albarizas, en Marbella, tienen claro que a menos recursos, más frecuencia de visitas. “Es el acceso más cercano que tienen” justifican al unísono Cristina Ramírez, epidemióloga del Distrito Sanitario Costa del Sol y Antonio Hernández, médico de atención primaria, su principal red de apoyo, dado que además hay una atención social que enlaza con programas de ayudas.

Este médico atribuye también esa frecuentación a una menor cultura sanitaria, muy vinculada al nivel educativo. Les cuesta concebir que la forma de vida sea causa de sus enfermedades. “No tienen conciencia de que zamparse dos bolsas de patatas fritas sentados en un sofá, sin actividad física alguna, condiciona su salud”. Los efectos, señala, son claros. La población con menos recursos se medica más, y es más propensa a dolencias cardiovasculares porque se cuida menos. En contraste, durante los años más duros de la crisis, se pedían menos bajas médicas, “existía un cierto miedo al despido” que ahora se ha relajado un poco.

En su experiencia, más que prevalencias de ciertas dolencias, se trata más bien de “más dificultad de control”. La pobreza también está relacionada con una reducción de la esperanza de vida de más de dos años entre los 40 y los 85 años, una cifra mayor que por el consumo de alcohol, la obesidad o la hipertensión. Los estudios señalan que vivir en un barrio u otro puede suponer recorte de entre 3 y 8 años en la esperanza de vida.

La ecuación diabólica de la vivienda

Una ecuación diabólica que resume por qué el acceso a la vivienda se está convirtiendo en uno de los factores clave del aumento de la desigualdad social en España. Mientras los salarios de la gran mayoría permanecen estancados tras años de caída libre, el precio de la vivienda, sobre todo la de alquiler, se dispara, generando una nueva burbuja. El año pasado creció un 18%, según el portal Idealista, y ya supera las cifras anteriores a la burbuja inmobiliaria precrisis.   

“Los costes de acceso a la vivienda son proporcionalmente mucho más elevados en las familias de rentas más bajas, que se ven obligadas a destinar una mayor parte de sus ingresos a la adquisión o alquiler de un piso, lo que profundiza aún más la desigualdad social”, resume Carme Trilla, presidenta de la entidad social Habitat3.

Eurostat proporcionaba el pasado junio una comparación reveladora. España es uno de los cuatro países de la UE, junto a Rumanía, Estonia y Grecia, donde se supera el llamado índice de sobreesfuerzo 40/40 para los inquilinos. El 43,3% de los arrendatarios españoles destinan más del 40% de sus ingresos a pagar el alquiler, cuando la media europea es del 27% y en países como Francia y Alemania es tan solo del 14,9% y del 22,8% respectivamente. “Y en ambos países los gobiernos están preocupados porque creen que el porcentaje es alto”, apunta Trilla.

Una de las consecuencias de esta situación es que el número de deshaucios de inquilinos sigue aumentando y supera ya el 60% del total de lanzamientos. Durante el tercer trimestre del 2017 se produjeron 6.969 en toda España, muy por encima de los 4.063 ejecutados sobre viviendas de propiedad, según los últimos datos públicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Tras la frialdad de las cifras se esconden dramas humanos como el de María Ángeles Oeo, a quien el pasado lunes el ‘fondo buitre’ Blackstone echó a la calle pese a tener a su cuidado a dos hijos, el mayor de los cuales, de 16 años, sufre una minusvalía del 40%. María Ángeles vivía en el barrio madrileño de Vallecas en una de las 1.800 viviendas sociales que la anterior alcaldesa vendió a los inversores estadounidenses, pero desde el lunes está realojada provisionalemnte en un hostal por los servicios sociales del ayuntamiento.

“Vinieron 11 furgonetas de los antidisturbios para dejasolojar a una madre y sus dos hijos. Vergüenza les tendría que dar”, lamenta María Ángeles, que ve el futuro muy negro. “En dos meses se me acaba la renta mínima de inserción, los 430 euros que daban para ir sobreviviendo, y no se cómo acabará todo”, se queja. Ahora pasa los días en el hospital Doce de Octubre porque el padre de sus hijos, con el que ya no convive pero mantiene buena relación, ha sufrido un infarto “a consecuencia de toda la movida”.

También las clases medias están afectadas por la burbuja del alquiler. La dificultad cada vez mayor de acceder a la vivienda por parte de la clase media es descrita con precisión por la periodista Anna Minton en un libro aparecido el pasado julio, ‘Gran Capital: para quién es Londres’. Minton explica cómo “multimillonarios de todo el mundo adquirieron mansiones en los barrios más adinerados, obligando a los millonarios, ante el aumento de precio, a mudarse a las zonas de clase alta. Esta se desplazó hacia los espacios de la clase media alta, y así sucesivamente. El resultado fue que los precios subieron en todas partes, y de forma sustancial. Todos acabaron pagando más por pisos peores y peor situados. Y todo al mismo tiempo en que el número de viviendas protegidas decaía”. ¿Les suena?

En España el orígen del fenómeno se sitúa en el desembarco de grupos inversores al calor de la alta rentabilidad que garantiza la compra en las zonas más cotizadas que luego destinarán a residencias de lujo, oficinas de alto estánding o apartamentos para turistas.

“Con la crisis se cortó en seco la promoción de viviendas públicas y asequibles y ahora cuesta mucho volver a ponerla en marcha. Nunca debió cortarse”, explica Trilla.

España es uno de los países de la UE con el porcentaje de vivienda social más bajo: un 1,1% frente al 32% de Holanda; el 23% de Austria; el 18% del Reino Unido o el 17% de Francia, según el informe de Amnistía Internacional ‘España: la vivienda, un derecho hipotecado’.

“A diferencia de otros países europeos, no existe una ley estatal de vivienda que desarrolle el derecho a la vivienda recogido en la Constitución y ponga las medidas para que este sea reconocido de verdad”, razona el abogado Javier Rubio, que lleva muchos casos como el de María Ángeles Oeo y denuncia que solo existen leyes parciales como la hipotecaria, “pensada para los bancos”, o la ley de arrendamientos urbanos que “da todas las facilidades al propietario y agiliza los procesos de deshaucio”.

Vidas a media luz

En la casa que habita Sandra C. en una localidad del Baix Penedès, en Catalunya, la vulnerabilidad es un inquilino más. La desigualdad tiene todas sus aristas: la económica, la laboral y la emocional. Hubo un día que en su hogar entraban 2.000 euros mensuales, pero de la noche a la mañana todo dio un giro y la vida familiar se desgajó. Perdió el piso, se quedó sin trabajo, su pareja se esfumó y ella se quedó con dos niños. “Nunca imaginé que eso me podía pasar a mí, pero tenía claro que no quería perder mi dignidad ni mis derechos”.

Sandra es uno de los rostros de la pobreza energética, pero como ella hay otros 5,1 millones de españoles, según los últimos datos de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA). En total, el 11% de los hogares. La pobreza energética es una realidad con numerosos ejemplos. “Tengo la mitad de la casa sin luz. He quitado las bombillas”, afirma Sandra. En el resto de la casa toca apretarse el cinturón. Cocina con la luz que proporciona del extractor de humos, en el baño ha eliminado una de las dos bombillas que tenía y en el comedor la luz eléctrica solo se enciende cuando no hay otro remedio. Y añade. “Cenamos sin luz. La televisión nos ilumina y tenemos la suerte de tener una farola en la calle que proporciona claridad al comedor”. Esa es su vida a media luz.

A Sandra le trae de cabeza la deuda de 2.300 euros que tiene con Endesa: “La tengo atravesada. ¡Yo que nunca había debido nada a nadie!” Pero a la vez tiene claro que “las compañías tienen que hacerse responsables de la situación de las familias vulnerables”. Este problema afecta, según ACA, al 8% de los españoles. Más de 4 millones de personas se retrasan en el pago de las facturas domésticas. Sandra, que es una madre monoparental, sentencia que “vivir indignamente cuando quieres vivir dignamente es triste y duro”.

Alba S., sabe lo que es vivir sin luz en pleno siglo XXI, se la han cortado dos veces, la última estuvo cinco días a oscuras. Fue una jornada fatídica: tenía orden de desahucio que impidieron los vecinos. La alegría duró poco porque en cuestión de horas la compañía le cortó la luz. Esta madre, también monoparental y con tres pequeños a su cargo de 10, 7 y 2 años, cuenta sus vivencias en esos días sin luz. “Me pasaba el día en la calle. Guisaba con la linterna del móvil que cargaba en casa de una amiga y menos mal que la cocina es de gas”, recuerda. La solidaridad vecinal le permitió recuperar la luz en su vivienda ocupada y lo único que pretende es que las eléctricas le hagan un contrato para pagar el suministro.

Sin embargo, como recuerda María Campuzano, portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), las empresas no quieren reconocer el fenómeno de la ocupación y para poner un contador exigen “un justo título” o, lo que es lo mismo, contrato de alquiler o la escritura de propiedad. Campuzano pide, al menos, que el contador se coloque mientras la Administración realoja a esas familias o les proporciona un alquiler social. Las compañías de agua ya aplican esta fórmula.

R.Z., de 56 años y con una invalidez del 53% ha sufrido ataques de ansiedad por el temor a quedarse sin luz. Tiene un expediente de exclusión residencial de los servicios sociales. “Quiero pagar mis facturas y que no me corten la luz cuando ellos quieran”, aclara.

Cecilia C., vecina de Nou Barris, en Barcelona, adeuda 1.500 euros a Gas Natural que no puede abonar aunque quiera porque cobra un subsidio de 420 euros y el alquiler le absorbe la prestación. “Necesito comer”, exclama. Las cifras son elocuentes. El 15% de los hogares españoles destinan más del 10% de los ingresos anuales a pagar suministros.