Estas son las principales medidas de Rajoy para aplicar el artículo 155

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha citado cuatro objetivos de la aplicación del artículo 155 de la Constitución: “Volver a la legalidad restituyendo la Constitución y el Estatut en Catalunya; recuperar la normalidad y la convivencia; continuar con la recuperación económica, el empleo y los sueldos, que hoy están en peligro; y celebrar elecciones en situación de normalidad”.

Bajo estos preceptos, el Consejo de Ministros ha aprobado las siguientes medidas de control de la Generalitat y el Parlament:

-La facultad de disolver el Parlament de Catalunya pasa al presidente del Gobierno. Se convocarán elecciones en un plazo máximo de seis meses, aunque la “voluntad” de Rajoy “es hacerlo tan pronto como se recupere la normalidad”. Aunque el jefe del Ejecutivo central ha evitado confirmarlo, ya tiene pactada con el PSOE que los comicios se celebren a finales de enero, con toda probabilidad el día 28.

-Se pide autorización al Senado para proceder al cese del presidente de la Generalitat, del vicepresidente del Govern y de todos los ‘consellers’ del Ejecutivo catalán. El ejercicio de dichas funciones la asumirán los ministerios correspondientes durante el tiempo que dure esta situación excepcional.

Documento de medidas para aplicar el artículo 155 de la Constitución

Documento de medidas para aplicar el artículo 155 de la Constitución

-La Generalitat continuará funcionando y seguirá siendo la administración ordinaria de Catalunya. Esta administración actuará bajo las directrices de los ministros del Gobierno central.

-El Parlament no se disolverá y seguirá cumpliendo su “función representativa”. Sin embargo, la presidenta del Parlament no podrá proponer candidato a la presidencia de la Generalitat, ni plantear plenos de investidura. Tampoco podrá ejercer el control de los órganos que gobiernen provisionalmente Catalunya –que corresponderá al Senado–, ni podrá adoptar iniciativas contrarias a la Constitución y el Estatut.

-La dirección de los medios de comunicación públicos pasarán a manos de los nuevos gestores de la Generalitat, designados por el Ejecutivo central. El director de TV-3, Vicent Sanchis, y los otros altos cargos de esos medios públicos no serán destituidos automáticamente, pero se les vigilará para que cumplan con “una información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural, y también en el equilibrio territorial”. 

-El Gobierno tendrá un plazo de 30 días para vetar todas estas iniciativas.

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