Inicio Destacadas El exministro Pimentel implicado en el cobro de comisiones de Jordi Pujol

El exministro Pimentel implicado en el cobro de comisiones de Jordi Pujol

La UDEF sostiene que el exministro de Trabajo cobró comisiones por operaciones «corruptas» en Angola y República Dominicana con el apoyo de empresas semipúblicas españolas

Los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional han implicado al antiguo ministro de Trabajo del Partido Popular Manuel Pimentel en el cobro de comisiones ilegales en las operaciones internacionales vinculadas a Jordi Pujol Ferrusola, cuya trama se sirvió de empresas semipúblicas para corromper operaciones internacionales. Un nuevo informe de los investigadores, aportado al juzgado el 11 de mayo y al que ha accedido ABC, señala que las comisiones cobradas se desviaron a empresas como Globaltec Desarrollos e Ingeniería SA e Ibadesa Exportaciones y Servicios, detrás de las que se escondían personas como Manuel Pimentel.

«En un momento posterior, el reparto de comisiones iría desviándose a las sociedades patrimoniales de los involucrados, como serían Almuzara Estudios SL en cuanto a Manuel Ramón Pimentel Siles y Antonio Luque», relatan los investigadores.

Los agentes de la Policía Nacional achacan a Jordi Pujol Ferrusola, conocido como júnior y encarcelado en la prisión de Soto del Real, de utilizar «sociedades semipúblicas, que gozan del respaldo institucional y crediticio del estado español» para financiar o otorgar garantías a proyectos en terceros países, normalmente en vías de desarrollo como Angola o República Dominicana, cuyos funcionarios eran corrompidos con «recompensas no justificadas».

Según el informe, los proyectos sospechosos se llevaron a cabo a través del consorcio Incatema-Mercasa, una sociedad ya investigada en la Audiencia Nacional en la operación Lezo, la trama corrupta que anidó en el Canal de Isabel II. Los investigadores añaden que «normalmente» los proyectos contaban con el respaldo adicional como una garantía estatal a través de Cesce, una sociedad con capital público y privado que gestiona el riesgo comercial.