El Gobierno ha conseguido, en el segundo intento, la convalidación en el pleno del Congreso del decreto que regula la actividad de los estibadores. El voto de PP, Ciudadanos y PNV y el pacto con PDeCAT para que sus ocho diputados se abstuvieran ha permitido la convalidación, después de que el 16 de marzo fuera rechazado el decreto, lo que no ocurría desde 1978.
La regulación de la estiba llega como consecuencia de una sentencia europea de 2014 que obliga a liberalizar el sector de la estiba. Esa sentencia genera una condena y una multa a España por incumplimiento. A pesar de ello, los cambios más polémicos como la forma en que se garantizan los trabajos de los más de 6.000 estibadores actuales se desarrollarán en un reglamento que el Gobierno tiene que aprobar todavía.
Pacto con los nacionalistas del PDeCat
El acuerdo con la antigua CiU ha llegado tras el acuerdo de rebajar las penas en varios casos de corrupción en los que se ve afectada la antigua Convergència (Caso 3%, Caso Palau, así como otros que afectan a la financiación ilegal del partido catalán). También la formación nacionalista podrá retener durante más tiempo la presidencia de la Autoridad Portuaria de Barcelona, que ahora ocupa Sixte Cambra, empresario salpicado por el 3% vinculado a CiU y amigo personal del expresidente de la Generalitat Artur Mas.
Este intercambio de favores ha cristalizado finalmente en la aprobación del decreto de la estiba.
Negar lo evidente
Sin embargo, tanto PP como PDeCAT han negado tal acuerdo. En este sentido, Ferran Bel, del PDeCAT (antigua Convergència i Unió), ha basado su abstención y su cambio de posición, en la necesidad de lanzar «un mensaje a Europa de garantía de respeto a la seguridad jurídica». Ha explicado que su partido ha logrado cinco modificaciones sobre el decreto inicial en lo referido a limitar la precarización, mejorar la negociación colectiva, fomentar la formación, potenciar los puertos de Tarragona y Barcelona y permitir el desarrollo en normas de inferior rango.
Es decir, el no de marzo ha servido para introducir mejoras en un decreto que el Gobierno presentaba entonces como inamovible, según varios portavoces de grupos que han mantenido su rechazo.
