Gobierno y PSOE ultiman el despliegue del 155 en Catalunya

Llegó a La Moncloa nueva carta desde la Generalitat cuando faltaban tan solo unos minutos para las diez de la mañana, la hora de este jueves a la que expiraba el plazo que Mariano Rajoy le había dado a Carles Puigdemont, a través de un requerimiento oficial, a fin de que aclarse si había declarado o no la independencia en Catalunya y, en caso afirmativo, diese marcha atrás. En la nueva misiva enviada desde Barcelona esta mañana se hablaba de que “la suspensión” de la proclamación de la secesión sigue vigente, sin más detalles. Para el Gobierno central, según parece, eso no basta ni atiende la demanda hecha a Puigdemont, por lo que ha anunciado formalmente que se entra en la segunda fase de despliegue del artículo 155 de la Constitución,  esto es, la de la aprobación de un paquete de medidas que pueden suponer la congelación de competencias y sustitución de cargos del Govern.

Dicho paquete de medidas será aprobado el sábado en un consejo de ministros extraordinario, dado que el presidente Rajoy no estará presente en la reunión ministerial ordinaria de este viernes por encontrarse en Bruselas, donde se celebra una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno. También el líder de la oposición, Pedro Sánchez, está en la capital belga para verse con autoridades y políticos europeos y comentar, entre otros temas, la crisis con Catalunya. Pero la ausencia de los jefes del Ejecutivo y del PSOE no ha impedido que en la mañana de este jueves se hayan reunido en Madrid una delegación gubernamental, encabezada por Soraya Sáenz de Santamaría, con otra socialista, que capitanea la exministra y diputada Carmen Calvo. El objetivo es perfilar qué iniciativas de las que han venido estudiando en los últimas semanas se incluyen finalmente en el consejo del sábado y cuáles no, dada la coyuntura actual. 

“El Gobierno de España ha constatado a las 10 horas de esta mañana, último plazo establecido, la negativa del presidente de la Generalitat de Cataluña a atender el requerimiento que le fue remitido el pasado 11 de octubre y en el que se le reclamaba que informara, de forma clara y precisa, si alguna autoridad catalana había procedido a declarar la independencia de esa comunidad autónoma, y se le instaba a restituir el orden constitucional alterado -señalan desde La Moncloa en un comunicado, después leido en el Congreso por su portavoz, Iñigo Méndez de Vigo-. En consecuencia, el Gobierno de España continuará con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad y el autogobierno de Cataluña”.

En ese comunicado, en el que se responsabiliza única y exclusivamente a las autoridades catalanas de que se vaya a aplicar la suspensión de competencias en su Administración, y se agradecía el apoyo de distintas fuerzas políticas a la respuesta que va a dar el Ejecutivo -en alusión a PSOE y Ciudadanos- se confirmaba también que será el sábado cuando el consejo de ministros extraordinario dé luz verde al listado de medidas que se remitirán al Senado para su tramitación, “a fin de proteger el interés general de los españoles, entre ellos los ciudadanos de Cataluña, y restaurar el orden constitucional en la comunidad autónoma”. 

“El Gobierno denuncia la actitud mantenida por los responsables de la Generalitat de buscar, deliberada y sistemáticamente, el enfrentamiento institucional a pesar del grave daño que se está causando a la convivencia y la estructura económica de Cataluña. El Gobierno pondrá todos los medios a su alcance para restaurar cuanto antes la legalidad y el orden constitucional, recuperar la convivencia pacífica entre ciudadanos y frenar el deterioro económico que la inseguridad jurídica está causando en Cataluña”, se concluye.

La respuesta del PP

Por su parte, el portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, ha valorado que la respuesta del Govern es “más de lo mismo“. “La cuestión es muy sencilla: legalidad sí o legalidad no. El Estado de derecho debe utilizar los mecanismos de defensa del propio Estado de derecho. No se trata de suspender la autonomía, se trata de volver a la legalidad. El Estado de Derecho no puede admitir ningún chantaje”, ha dicho Barreiro en TVE.

Mientras tanto, el líder del PPC, Xavier García Albiol, se ha expresado así en las redes sociales: 

El Ejecutivo central, al igual que el PSOE, ofreció el miércoles al ‘president’ desactivar la puesta en marcha del artículo 155 si convocaba unas elecciones autonómicas. A la vez, el PDECat le dió a Puigdemont vía libre para activar la DUI si la otra parte aplicaba precisamente el precepto de la Constitución que permite suspender competencias autonómicas. 

La intención del PP y el PSOE, no obstante, es tramitar el 155 con calma, para dar tiempo suficiente al jefe del Govern a replantearse la situación y adelantar los comicios.

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