Todo indica que PP y PSOE cierran filas en favor de la Constitución para intentar para el golpe de Estado político.
Resulta chocante que en plena era digital y en una de las crisis de Estado más serias de la democracia, las claves para entender qué ocurre y ocurrirá en Catalunya hay que buscarlas, en estas últimas horas, en el intercambio epistolar y de comunicados entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont.
En el cruce de mensajes, vía Whatsapp o Telegram, de algunos políticos constitucionalistas y otros independentistas apurando su relación de años atrás al reclamarse mutuamente, sin éxito hasta el momento, un último esfuerzo para reconducir la situación antes de que la pantalla política vaya al fundido en negro. Y en las anotaciones personales hechas en sus libretas o tabletas por los elegidos por el Gobierno y el PSOE para ultimar cómo y hasta dónde se desplegará el temido artículo 155 de la Constitución.
A falta de concreciones definitivas, las áreas de Presidència, Economia e Interior serán previsiblemente las más afectadas cuando se le dé vía libre al mencionado artículo constitucional.
Este jueves, después de que Puigdemont mandara su carta a Rajoy diciendo que si activa el precepto de la Carta Magna puede hacer que el Parlament vote una independencia aún no votada, el Gobierno confirmó que había decisión: el 155 entra en segunda fase al entender que el ‘president’ ha desoído su requerimiento de dar marcha atrás. Rajoy habló con Pedro Sánchez a primera hora de la mañana. El socialista estaba en Bruselas (intentado convencer a las autoridades europeas de que la reforma constitucional es la plataforma para dialogar con Catalunya) y el popular se dirigía también a la capital belga para participar en la cumbre de la UE. Allí recibiría el presidente español, horas más tarde, el apoyo de su homólogo francés, Emmanuel Macron, y de la cancillera alemana, Angela Merkel, ante su gestión de la crisis catalana. Las críticas, sin embargo, le llegan de los más cercanos: Ciudadanos, los socios del PP, se siguen quejando de la falta de premura en adoptar medidas drásticas y el expresidente José María Aznar se escandaliza al pensar que se pueda actualizar la Constitución como «pago a plazos» a los independentistas.
Contactos entre Junts pel Sí y la CUP
Mientras tanto, continuaron también los contactos entre JxSí y la CUP para ver cómo tendría que escenificarse la independencia (sobre la mesa un Pleno ‘ad hoc’ o la utilización del debate de política general). Los independentistas moderados, que han estado buscando entre bambalinas alguna vía por la que achicar el agua que amenaza con ahogar a unos y otros, empiezan a dar claras señales de derrotismo. Sigue asimismo engordando el listado de empresas que mueven su sede social fuera de Catalunya: el Banco Sabadell traslada su presidencia a Madrid. Según el ministro de Economía, Luis de Guindos, lo que se ha visto hasta ahora es «un aperitivo» de lo que puede ocurrir.
Y en la Moncloa, lejos del ruido declarativo ante la importancia de lo que se traían entre manos, compartían este jueves café, informes jurídicos sobre el 155 y opiniones sobre medidas intervencionistas o posibles sustituciones de cargos catalanes la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el secretario de Estado de relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, con la exministra y diputada socialista Carmen Calvo. A esta cita no acudieron la dirigente del PSC Meritxell Batet ni los veteranos Pedro Arriola y José Enrique Serrano, que sí han estado en otras convocatorias anteriores.
Sobre los trabajos previos de estas delegaciones, y basándose en documentación que se ha preparado desde prácticamente todos los ministerios del Gobierno se elaborará, finalmente, el informe que un Consejo de Ministros extraordinario aprobará el sábado y remitirá al Senado para su aprobación, prevista para finales de la próxima semana o principios de la siguiente tras una larga y lenta tramitación. Se trata de ganar tiempo por si se hiciera realidad el ansiado en Madrid adelanto electoral que se reclama a Puigdemont para evitar el bloqueo competencial. Sin embargo, hoy por hoy no hay motivos para pensar que las elecciones en Catalunya se producirán por obra, gracia y mandato del actual ‘president’ y no por el poder que el 155 otorgue a quien sea elegido para sustituirle, si hay finalmente intervención en el Palau de la Generalitat.
La casilla de salida
El nivel jerárquico que ha de tener la persona que pueda tomar las riendas de Catalunya en las próximas semanas, junto al papel que se le ha de dejar desempeñar a los medios públicos y al Parlament para evitar un choque de legitimidades son dos de los asuntos que, dicen, más horas de discusión han llevado a populares y socialistas en estos días. Ambos partidos saben que para bien o para mal, pueden hacer historia al desplegar por primera vez el 155 en España. Se pueden estudiar y reestudiar los potenciales efectos jurídicos de este tipo de asuntos, pero imposible resulta calcular las consecuencias que pueda tener en el medio y largo plazo. Políticas, sociales, económicas y, especialmente, emocionales.
Volver a la casilla de salida, con más o menos matices, tras cuatro décadas de autogobierno puede dejar cicatrices de complicada sutura. Lo saben en el Gobierno: de ahí que Rajoy no quiera atravesar solo la frontera de la intervención, sino de la mano de los socialistas. Lo saben en el PSOE: insisten cuanto pueden en el mensaje de que será el Ejecutivo el que tome las medidas, y que los del puño y la rosa únicamente rebajarán la intensidad de un 155 que podría ser más duro si ellos no estuvieran en la operación. Lo sabe Puigdemont: ha puesto sobre la mesa su última carta, la de la declaración de independencia ya sin disimulos y dobles fondos, a sabiendas de que podría traerle consecuencias penales, además de profesionales. Eso, después de haber tenido la oportunidad de hacerlo a lo grande sin defraudar a su público, cogiendo al Estado aún en modo espectador y ante la mirada de cientos de corresponsales extranjeros desplazados a Barcelona. Hay aún tiempo para buscar salidas, pero entre tanto PP y PSOE cierran filas en favor de la Constituión.
