El plan de la Generalitat ya fue desvelado muy claramente por el juez y exsenador de ERC, Santiago Vidal. Se trata de plantear un golpe de Estado programado con leyes autonómicas y, cuya colisión con las Leyes vigentes, provoquen un marco de movilización en las calles.
En ese momento, serán -siempre según la hora de ruta de la Generalitat- serán las instituciones europeas las que se interesen por el problema catalán, y fuercen al gobierno de Mariano Rajoy a negociar con la Generalitat.
El gobierno catalán tiene pensado no dejar a sus ciudadanos fuera de la ley ya que pasarán automáticamente de la ley española a la catalana. El fundamento jurídico y que da cobertura «democrática» consiste en que el Govern respetará las decisiones que tome el Parlament.
Golpe de Estado con leyes
La mayoría de juristas insisten en que no hay dos leyes con distintas legitimidades, sino que prevalece la ley española, porque los propios poderes de la Generalitat emanan de la Constitución española.
La Generalitat, con los últimos datos que posee, considera posible que el referéndum, de celebrarse, pudiera volverse en contra de sus pretensiones independentistas. Por ello, tiene preparado -por un lado- un mecanismo de falsificación y adulteración del resultado adverso y -por otro- activar la secesión inmediata de Cataluña mediante la llamada «Ley de Transitoriedad Jurídica».
Se trata de un documento que aspira a funcionar como constitución provisional catalana durante el plazo de dos meses que, según recoge el mismo texto, tendría el Parlament para poner en marcha un proceso constituyente que desembocara en la «república parlamentaria» de Cataluña. «Si el Estado español impidiera de manera efectiva la celebración del referéndum, esta ley entrará en vigor de manera completa e inmediata cuando el Parlamento constate este impedimento», afirma la disposición final del borrador.
«¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente de España?»
El citado texto dedica un apartado a la regulación del referéndum y desvela la pregunta: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente de España?».
La intención expresada en el texto es que esta parte del articulado entre en vigor antes incluso que el resto para poder celebrar la consulta, y señala que una mayoría de votos a favor, por reducida que sea, y sin un límite mínimo de participación, ratificaría la decisión y la haría vinculante.
Varias veces se refiere a sí mismo el borrador como «ley fundacional», y a lo largo de sus páginas se especifica de manera exhaustiva —aunque plagada de lagunas legales e incógnitas— hasta el último detalle de la ruptura: quiénes serían ciudadanos catalanes y cómo sería posible obtener la nacionalidad; qué leyes españolas permanecerían en vigor y cuáles dejarían de estar en vigor automáticamente; cuál sería el destino de los funcionarios de la Administración General del Estado que residan en Cataluña; qué pasaría con los contratos de obra o servicios públicos firmados por el Gobierno central y el trámite de expropiación de las propiedades del Estado español.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont ha anunciado que el referéndum de independencia tendrá lugar durante la segunda quincena de septiembre de 2017.
