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Guardias civiles alertan de un «efecto llamada» sin concertinas

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció ayer su intención de retirar las concertinas de las vallas situadas en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla con Marruecos. En una entrevista en Onda Cero el titular de Interior aseguró que las concertinas es una de sus «principales voluntades» y «que haya un informe realmente complementario para que realmente se puedan adoptar otras medidas» porque no se puede «llegar a esos niveles». Ante esto, las asociaciones de guardias civiles tildaron de “preocupante” la situación y alertaron del “efecto llamada” que puede ocasionar.

El secretario general de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), José Cobo destacó que “el problema se va a agravar” si no dan una alternativa porque “no pueden quitar un elemento sin poner otro”. Y recuerda que si de por sí, los inmigrantes escalan la valla con las concertinas, sin ellas lo harán de forma masiva “porque si facilitamos la entrada habrá más saltos”. Por ello reclama más personal por ejemplo porque “si no se les puede devolver en caliente, ni cuentan con el apoyo político, más vale que abramos las puertas”. Además, recuerdan que anunciar medidas como estas “quedan muy bien, pero hay que estudiar qué otras cosas se ponen para evitarlo”, insisten.

Por su parte, el portavoz de AUGC, Juan Fernández destacó que se trata de “una medida garantista con los derechos humanos”, pero “preocupa” que no se haya dicho qué medidas se van a poner ni tampoco qué pasa con las devoluciones en caliente. Por lo que reclaman un protocolo concreto, mejor material como vehículos adaptados, refuerzo de efectivos, cámaras detectoras de movimiento de anticipación y medidas que refuercen el perímetro con el fin de evitar el “efecto llamada”. Porque, se preguntó si con la retirada de las concertinas “¿se acabó el problema”.

El delegado en Melilla de la Asociación pro Guardia Civil (APROGC), Guillermo Prada destaca que lo que les “preocupa bastante” es la posible derogación de la ley de seguridad ciudadana que recoge el “rechazo en frontera” que puede producir también “un brutal efecto llamada”. La norma establece que “los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera, podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”; que vendría a ser abrir la puerta y devolverlo al otro lado de la valla, algo que considera “no es la solución”. El acuerdo de inmigración establece que si se intercepta a un inmigrante de manera ilegal intentando entrar en España “éste será entregado a la Policía a la mayor brevedad posible”, sin embargo la Asociación Pro Guardias Civiles destaca que lo que tendría efecto sería aplicar el “acuerdo de readmisión que tiene España con Marruecos” por el cual sería llevado al puesto fronterizo, tendría asistencia sanitaria y jurídica y se estudiaría su asilo. Una vez demostrado que son refugiados entrarían y en caso contrario, serían readmitidos por Marruecos. Consideran que así decaería el “efecto llamada” y las mafias ya no emplearían Ceuta y Melilla como zona de entrada.

Desde la Asociación de Profesionales de Suboficiales de la Guardia Civil, su presidente José Silva destaca que cuando se pusieron las concertinas fue después de haber llevado a cabo un estudio y valoración de las circunstancias “por una necesidad basado en el grado de amenaza, peligrosidad, efecto negativo de llamada, etc”. Por ello considera que si se lleva a cabo la retirada de las concertinas “será porque existe un nuevo análisis de riesgo que proponga la retirada de las mismas y no por cuestiones meramente políticas”. Asimismo, Silva recuerda que estamos en estado de alerta terrorista 4 “y debemos ser prudentes a la hora de tomar decisiones que puedan perjudicar nuestra seguridad y la de los agentes que intervienen en fronteras españolas”.

Por su parte, desde la asociación de Cabos destacan que Guardias Civiles que los agentes “siempre se sentirán más satisfechos con medidas menos lesivas para el inmigrante en unión de unos recursos humanos y materiales que le ayuden a cumplir con sus obligaciones normativas, por eso creemos que es necesario una inversión en personal, infraestructura, medios y recursos”.