Hacienda podrá bloquear los ingresos de los tributos catalanes con ayuda de la banca

En las últimas horas cada ministerio del Gobierno ha estado trabajando en identificar cuáles son sus áreas “simétricas” en la administración catalana, cual si de un espejo se tratara, de cara a la asunción de sus tareas ante una declaración unilateral de independencia (DUI) y posterior aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya.

La Vicepresidència y la Conselleria d’Economia y Hacienda que gobierna el vicepresident Oriol Junqueras encuentra su reflejo sobre todo en el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro y también, en parte, sobre el Ministerio de Economía de Luis de Guindos. Este podría asumir la tutela sobre la administración del Institut Català de Finances, la dirección general de Política Financiera, Seguros y Tesoro, la Dirección General de Promoción Económica, Competencia y Regulación, la Dirección General de Análisis de la Economía y el Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

El resto de las áreas, las de mayor peso político, replican las propias del Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro, que asumiría la tutela sobre el presupuesto y los impuestos, además del control sobre los funcionarios y sobre la administración digital de la Generalitat.

Intervención

Desde el pasado 15 de septiembre, mucho antes de la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución, el Ministerio de Hacienda ya mantiene intervenidas ‘de facto’ las cuentas de la Generalitat por una doble vía. Por una parte asumió el control de la caja para atender pagos por el equivalente al 80% de los ingresos de la Generalitat (los provenientes del sistema de financiación autonómica). Por otra, dictó el cierre anticipado del presupuesto autonómico impidiendo al Govern la adopción de nuevos compromisos de gasto hasta finalizar el año.

Tras la aprobación por el Senado de la propuesta del Consejo de Ministros para activar el artículo 155, Hacienda puede asumir, además, las tres siguientes funciones:

1.- Control de la recaudación

Control sobre el 20% del presupuesto sobre el que aún no ejerce autorización previa (sí ex post), que está vinculado a la recaudación de impuestos propios y cedidos. En este bloque, el objetivo es doble: que ningún gasto se destine a fines secesionistas y que ningún dinero público sea depositado en una cuenta distinta de la del Tesoro.

El temor fundamental es que tras la DUI la Generalitat pretenda desviar los ingresos provenientes de impuestos propios y cedidos a una cuenta propia fuera del control del Tesoro. Para frenar esta vía se prevé implicar a las entidades financieras –como ya se hizo para el pago de proveedores y funcionarios-, dando por hecho que todos los contribuyentes pagan sus impuestos (de cualquier tipo) a través de oficinas bancarias.

2.-Neutralizar la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC)

En este punto no se prevé el desmantelamiento de una estructura administrativa que ya existe en otras comunidades autónomas, ayuntamientos o diputaciones. El objetivo es frenar su posible utilización con fines secesionistas y ejercer un control pleno sobre los ingresos recaudados y sobre los datos de los contribuyentes.

El Gobierno cuenta con que los contribuyentes catalanes –personas físicas y jurídicas- no atenderán una posible llamada para dejar de pagar impuestos en el Estado y hacerlo en la comunidad autónoma habida cuenta de que –según ha advertido Hacienda– eso provocaría el despliegue del procedimiento de comprobación, inspección y recaudación ejecutiva de la Agencia Tributaria.

Hasta el momento, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) no ha detectado ninguna eficacia en algunos llamamientos secesionistas para promover un avalancha de peticiones de aplazamiento en el pago del IVA. Tampoco se ha detectado el más mínimo incumplimiento en la obligación de la ATC de ingresar en la agencia estatal los impuestos recaudados en las empresas públicas catalanas, ni siquiera tras el vencimiento del  plazo trimestral del pasado 20 de octubre, según aseguran fuentes de absoluta solvencia.

3.- Prórroga del presupuesto

Al amparo del artículo 155, el Ministerio de Hacienda también prevé gestionar la prórroga del actual presupuesto de la Generalitat al 2018 bajo criterio de “Gobierno en funciones” –se asegura-, atendiendo la gestión administrativa y el pago de los servicios públicos “sin adoptar decisiones políticas”, se insiste.

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