Antes de la votación definitiva, casi las dos terceras partes del Pleno estaba a favor de mantener el cambio de rumbo jurisprudencial acordado el pasado octubre por la sección segunda de la Sala Contencioso-administrativa, que determinó que el impuesto de las hipotecas debían pagarlo los bancos, y no los clientes, como había mantenido hasta ahora el Tribunal Supremo (TS). Así lo aseguran las fuentes consultadas por este periódico, que precisan que a tenor de las intervenciones de los distintos magistrados en el Pleno de la Sala Tercera se llegaron a contabilizar 16 votos a favor de que se confirmase que fuesen las entidades bancarias las que se hiciesen cargo del abono del tributo, diez en contra y otros dos dudosos. Sin embargo, la votación final dio un vuelco inesperado y la opción hasta entonces minoritaria, a favor de mantener la jurisprudencia consolidada en el Alto Tribunal, terminó imponiéndose y desvaneciendo así el espejismo jurisprudencial que eximía a los hipotecados del pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.
«Tenía el absoluto convencimiento de que se iba a confirmar el cambio de jurisprudencia», reconoce uno de los magistrados presentes, que no contaba con ese cambio de criterio por parte de algunos de sus compañeros.
Pero el punto de inflexión se produjo al someter a votación la propuesta de la magistrada Pilar Teso, secundada por el presidente de la Sala, Luis María Díez-Picazo, que pretendía conciliar las posturas enfrentadas con el acuerdo de que se confirmase el giro jurisprudencial pero precisando que los bancos pagasen el tributo sólo a partir de ahora.
Algunos magistrados pidieron que la propuesta se votase de forma separada: primero, someter a votación si las entidades bancarias debían hacerse cargo del impuesto –tal y como establecieron las tres sentencias del pasado octubre que dieron al traste con la jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto– y, después, pronunciarse en su caso sobre una posible retroactividad y su extensión. Pero el presidente insistió, según las fuentes consultadas, en que se votase la propuesta en su conjunto. «El debate se cortó de manera brusca demasiado pronto», se quejan. La propuesta así planteada sólo recabó el apoyo de once magistrados. Ni siquiera los magistrados que firmaron la sentencia del pasado octubre que obligaba a las entidades bancarias a pagar el tributo votaron a favor en bloque pues, según esas mismas fuentes, «entendían que esa decisión, así planteada, les desautorizaba» al cercenar la aplicación retroactiva de la medida.
El resultado final ya se conoce: 15 magistrados apoyaron que sean los clientes los que sigan pagando el tributo, ignorando el cambio de rumbo del pasado octubre. «Todo el mundo se quedó sorprendido», reconocen las fuentes consultadas, que apuntan que alguno de los magistrados que firmaron el fallo que obligaba a los bancos a abonarlo se sintieron incluso aliviados. «No eran conscientes de dónde se habían metido», apuntan al tiempo que aseguran que pecaron de cierto «vedetismo» al «meterse en un lío absurdo que se podía haber evitado porque los recursos no tenían interés casacional una vez la Sección Primera ya había matizado su cambio de criterio de 2015».
Fuentes de la Sala creen que el anuncio del Gobierno de un cambio legal es «pura demagogia, porque aunque formalmente lo abonen los bancos, terminarán repercutiéndolo al cliente». «Si el problema era la ley que la hubieran cambiado antes. Han gobernado unos y otros y no se ha modificado», se quejan. Y admiten que el asunto «se ha gestionado mal y tenemos muy difícil explicar lo sucedido: se ha hecho lo que se debía pues se había cambiado la jurisprudencia de 25 años sin ningún motivo».
