La deslealtad de los Mossos

LA asunción por parte de Interior de las funciones de coordinación de los Mossos con el resto de las Fuerzas de Seguridad del Estado supone de facto la intervención de un cuerpo cuyos responsables políticos estaban actuando con tal grado de deslealtad, que adoptar el mando se había convertido en una necesidad imperiosa para garantizar el orden. Lo cierto es que los Mossos permitieron que una veintena de guardias civiles estuviesen recluidos y amenazados durante casi 24 horas en los registros de la Consejería de Economía. También han consentido un acoso inadmisible a los jueces a las puertas del Tribunal Superior de Justicia, y algunos de sus miembros han señalado a compañeros que solo pretendían cumplir con la ley. Hay mossos que han apelado en redes sociales a la sedición, otros se han fotografiado con esteladas ufanándose de declararse en rebeldía, y su mayor, Josep Lluís Trapero, ha venido negándose a acatar las órdenes de la Fiscalía. Sin duda, los Mossos han quedado en evidencia y era imprescindible impedir que sigan formando parte activa del golpe independentista. Desde ayer, la coordinación de los Mossos queda a disposición de un coronel de la Guardia Civil, y quien se niegue a acatar órdenes en apoyo de la legalidad, y en defensa de personas coaccionadas y amenazadas y agredidas, incurrirá en un delito de desobediencia y podría ser detenido. A regañadientes, el Cuerpo autonómico terminó por acatar la orden del fiscal, pese a que el consejero de Interior trató de manipular otra vez la realidad afirmando que no cederían la coordinación. El comportamiento de Joaquim Forn hace semanas que superó lo intolerable.

No se trata de un episodio más de «represión» del Estado después de que también las cuentas de la Generalitat fueran intervenidas en evitación de más delitos flagrantes. Se trata de la necesidad que tiene el Gobierno de garantizar la seguridad toda vez que la dejación de funciones y obligaciones de los Mossos resulta alarmante. Aunque es cierto que objetivamente este tipo de medidas no responden a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, de facto supone ponerse al frente de unas funciones de seguridad pública y garantía de derechos y libertades que la Generalitat había vulnerado. Exactamente igual que había ocurrido con la gestión del dinero público, en una decisión del Gobierno ya avalada por el Supremo. La Generalitat y todos los responsables de su insólita manipulación a la sociedad catalana no habían calculado el poder real de un Estado que se defiende frente a una agresión contra su soberanía. Aún queda una tercera intervención, y quizás sea la más relevante: la educación no debería estar en manos de unos golpistas en Cataluña como instrumento para el adoctrinamiento inmoral y mentiroso de sus niños y jóvenes. Cataluña es recuperable, pero en otras condiciones.

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