La ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, y la ministra de Igualdad, Irene Montero
La ministra de Igualdad, Irene Montero, planea invertir 1.000 millones de euros en tres años para acabar con la prostitución. Así lo ha manfiestado en una entrevista en TV3, donde precisó que “más del 80% de las mujeres que sufren explotación sexual están en situación irregular” y que son muchas las que quieren salir de ese contexto. “El Estado tiene la obligación de poner en marcha un plan de inserción laboral” para todas esas mujeres que quieren abandonar la prostitución, ha señalado. Un plan que según cálculos de Igualdad tiene un coste de “1.000 millones de euros en tres años”.
Montero destacó que su objetivo es “meter mano de verdad a la industria proxeneta, perseguir a esta industria que mueve cinco millones de euros al día” porque la prostitución “es una forma de violencia contra las mujeres”.
Sobre el debate social planteado en torno a si hay que abolir o no la prostitución, ya que algunos colectivos de meretrices están en contra de esto y abogan porque se les reconozca sus derechos sociales y laborales, Montero dijo que “la función del ministerio no es resolver este debate histórico”, sino “dotar a las mujeres de derechos fundamentales” y puso en valor que “es la primera vez en España que vamos a afrontar los derechos de las mujeres en un contexto de prostitución”.
Además, destacó la ministra que escucha a todos los colectivos y a todas las voces, “ayer nos reunimos con algunos colectivos y con Amnistía Internacional” porque subrayó “no hay voluntad de excluir a nadie y sí de escuchar propuestas políticas”.
Leyes polémicas
Sobre la conocida como ‘ley del sí es sí’, la ministra recordó que “ya está en el Congreso, superamos la enmienda a la totalidad pero hay enmiendas presentadas que tenemos que trabajar con los grupos del Congreso”. Irene Montero destacó que es una ley que “genera amplio consenso” y que lo importante de esta norma es que sitúa “el consentimiento en el centro y esto es un cambio cultural y legislativo imprescindible”.
Respecto a la ley trans, explicó que está en el Consejo General del Poder Judicial y que todavía tiene que pasar por el Consejo de Estado. Consideró que “en tres meses como mucho debería estar en el Congreso”.
Asimismo, anunció que comenzará a negociar la reforma de la Ley del Aborto “próximamente”. Reconoció que ha retrasado la negociación “porque es una reforma ambiciosa” y quiere que esté bien armada, antes de comenzar la negociación.
“La reforma no va solo de que las mujeres de 16 y 17 años puedan interrumpir el embarazo sin el permiso de sus padres, sino que también incluye el tratamiento de la violencia obstétrica, la educación sobre salud sexual y reproductiva, así como la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios”, aspectos que negociará “próximamente” con su socio en el Gobierno, que no cree “que se opongan a ella”.
“Se trata de garantizar el derecho al aborto en España y de introducir derechos feministas” en la reforma, concluyó Montero.
Vientres de alquiler
La ministra de Igualdad también ha reiterado su voluntad de prohibir los anuncios de empresas de vientres de alquiler, práctica que está prohibida en España pero que “se anuncian con total impunidad”.
Montero dijo que la gestación subrogada “es una de las cuestiones que tenemos que negociar con nuestro socio de de Gobierno, aunque tenemos las mismas posiciones al respecto, pero hay que afinar”.
En este contexto, recordó que “los vientres de alquiler están prohibidos en España” y destacó que “en países precarios hay granjas de mujeres que hacen esto porque están en situación de vulnerabilidad y riesgo. Esto es violencia contra las mujeres y así debe de ser reconocido”. Criticó que a pesar de que en España la gestación subrogada o vientre de alquiler está prohibido hay empresas que lo gestionan y que se “anuncian con total impunidad”.
Fuente: La Razón
