Junqueras 1 – Puigdemont 0

La decisión del Supremo en el sentido de permitir que el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, vote por delegación en el Parlament, supone un éxito relativo, pero cierto, de su defensa y, sobre todo, una buena noticia para los equilibrios del sistema democrático. Junqueras había tirado por elevación en su recurso, y en lugar de quedarse en la reivindicación de sus derechos personales, planteó que privarle del derecho a ejercer mediante el voto sus funciones parlamentarias suponía un ataque directo a la voluntad popular, porque podía alterar el funcionamiento mismo de la cámara catalana. Y tenía razón en este argumento.

La dificultad para el juez instructor, Pablo Llarena, era encontrar una fórmula que permitiera no desdecirse de las medidas cautelares recién adoptadas y ratificadas por el Supremo –es decir, el mantenimiento del recurrente en prisión-, y al mismo tiempo reconocer la importancia de los derechos de representación política que reclamaba. Hay que tener en cuenta que Junqueras no sólo pedía mantener sus atribuciones como diputado electo por tratarse de una condición suya, individual, personal, sino que lo reclamaba por su recién reconquistada confianza de los ciudadanos que le votaron. El derecho de representación política no es del electo, sino de la ciudadanía. En esto se parece al derecho a la información o la libertad de expresión. No pertenecen al periodista. Son una garantía para la sociedad.

Imagino a Llarena entre sus códigos, cuando halló la fórmula de solución que ha adoptado. “Eureka”, debió exclamar. La vía elegida ha sido la de considerar incapacitado a Junqueras para acudir al Parlament, por su situación de prisión provisional, pero permitiéndole delegar el voto y, por tanto, ejercer en este esencial aspecto su derecho como diputado electo. La resolución, sin embargo, establece una clara diferencia entre quien no puede ir al Parlament porque su situación procesal se lo impide, y quienes no han acudido -¿acabarán haciéndolo?- a la cámara porque optaron por marcharse a Bruselas. La distinción judicial parte de considerar que la incapacidad supone una imposibilidad no buscada, mientras que la ausencia para evitar la acción de la justicia constituye, en cambio, una situación libremente elegida, no equiparable a la anterior.

El juez establece una clara diferencia entre quien no puede ir al Parlament por su situación procesal y quien no acude porque optó por marcharse a Bruselas

Como resultado de las diferentes respuestas judiciales a las diferentes estrategias políticas, podría decirse que el marcador señala un Junqueras 1 – Puigdemont 0, aunque el primero está en prisión y el segundo gozando en Bruselas de una libertad limitada, ya que sabe de los riesgos que corre si abandona el país o regresa a España. En el primer caso, puede dictarse otra orden internacional de detención, y en el segundo ya se sabe que las fuerzas de seguridad tienen instrucciones de detenerle al primer avistamiento.

En todo caso, lo más relevante desde el punto de vista de los mencionados equilibrios del sistema democrático es que un diputado electo, en prisión provisional, podrá ejercer sus derechos, con limitaciones, pero preservándolos en aspectos esenciales que afectan a la voluntad popular, expresada en el resultado electoral.

Cuestión aparte es si cabía estimar que el riesgo de desórdenes públicos por el regreso de Junqueras era tan elevado. El magistrado los temía, según expone en su resolución. Un dato más para considerar que la definitiva normalización estará más cerca cuanto más alejadas parezcan las posibilidades de alteración de la vida pública, tras las elecciones del 21-D en Catalunya.

Urge, en suma, la efectividad de la sesión de investidura en la que Junqueras podrá participar delegando el voto. Otros, por el camino que tomaron, no tendrán esa opción. Y todo ello en merma o perjuicio de unos derechos de representación política que ellos ganaron en las urnas, pero que son, sobre todo, de los ciudadanos.




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