Junqueras adelanta el resultado del referéndum: votará el 60% del censo y cerca del 90% lo hará a favor de la secesión

Oriol Junqueras y Raül Romeva
Oriol Junqueras y Raül Romeva

En rueda de prensa celebrada este viernes, el vicepresidente de la Generalitat ha adelantado el resultado del referéndum ilegal convocado para el próximo domingo. El dirigente independentista ha asegurado que todo indica que acudirá a votar un 60% de la población catalana y que más del 80% de los votantes lo hará con la papeleta del sí.

Así las cosas, todo indica que la Generalitat maneja ya los datos de la votación incluso antes de que se celebre.

En una comparecencia conjunta ante numerosos medios de comunicación locales y extranjeros, el vicepresidente Oriol Junqueras, el portavoz y titular de Presidencia, Jordi Turull y el responsable de Exteriores, Raül Romeva, han acabado mostrando uno de los secretos mejor guardados: la urna del 1-O, hecha de plástico translúcido y con el logotipo de la Generalitat.

Algunas fuentes aseguran que muchas urnas entrarán llenas a los colegios electorales. Una empresa china (Ballotexpert, con sede en Guangdong) fabrica urnas similares cuyo precio oscila entre 4,23 y 6,77 euros, según la cantidad que se encargue. El pedido mínimo en esta compañía es de 500 unidades. Los miembros del Govern han ofrecido los datos del censo de votantes, que es de 5.343.358 catalanes, 167.000 menos que el censo de las últimas elecciones autonómicas, que fue de 5.510.795. Hay previstos 2.315 colegios electorales, 6.249 mesas y 7.235 voluntarios.

El vicepresidente Junqueras ha asegurado que se podrá votar el domingo y que los actos de represión del Estado refuerzan la legimitidad del referéndum: “Si alguien pretende cerrar colegios, los ciudadanos podrán votar este domingo: si alguien asalta colegios electorales o cualquier otro gesto tan antidemocrático como intentar impedir que se ponga la papeleta en la urna, los ciudadanos de Catalunya podrán votar el domingo; por tanto estamos convencidos de que los resultados tendrán toda la validez que pertoca, la validez derivará tanto de nuestro trabajo para garantizar que los ciudadanos puedan votar como también de las dificultades que el Gobierno del PP habrá querido poner, la legitimidad no se debilita sino que se refuerza e ncada dificultad que nos ponen”.

Preguntado sobre qué sucederá si se cierra un colegio o no se puede constituir una mesa, Junqueras ha asegurado: “si alguien cierra un colegio hay alternativa par que la gente vote. Aunque se lleven una urna, 100 o 200, hay muchas maneras de votar, porque hay muchos colegios, muchas maneras de conseguir que los ciudadanos voten”.

El vicepresidente ha mostrado el “respeto” y “amor” hacia España, “con la voluntad de tener las mejores relaciones posibles con todos los países de nuestro entorno, serán las mejores si disponemos de las mismas herramientas institucionales”. “Ni el Govern ni los ciudadanos de Catalunya no están haciendo nada malo, poner el futuro en manos de los ciudadanos no es hacer nada malo, al contrario”, ha insistido. Los miembros del Govern han evitado anticipar escenarios sobre la declaración de independencia, y se han mantenido en el guión de trasmitir normalidad y convicció respecto a la celebración de la consulta. Más allá del domingo, nada.

Preguntado sobre la inexistencia desde hace una semana de los siete miembros de la Sindicatura electoral -el árbitro del referéndum, que fue amenazado con una multa por parte del Tribunal Constitucional de 6.000 euros diarios a cada uno de sus integrantes-, el portavoz del Govern, Jordi Turull, ha anunciado que el domingo habrá “personas que responden por su credibilidad, profesionalidad académica y profesional que acreditarán la validez del resultado”. El portavoz no ha dado los nombres de estas personas para evitar que sea “víctimas de la represión del Estado”.

“El domingo se votará”, ha asegurado también Turull en su turno de intervención, que ha finalizado con un llamamiento a la calma. Por su parte, el titular de Exteriores, Raül Romeva, ha sido el encargado de emplazar a las instituciones de la UE y los Estados miembros a escoger entre la actitud del Estado, que ha calificado de antidemocrática, y la posición de la Generalitat.

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