La defensa del líder de ERC, Oriol Junqueras, apela a las ‘reglas Nelson Mandela’ de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos preventivos cara a pedir al Tribunal Supremo (TS) «autorización para el traslado urgente» a una cárcel catalana. El exvicepresidente de la Generalitat quiere lograr así permisos para poder acudir al Parlament y cumplir con sus responsabilidades como diputado electo; en concreto, durante las sesiones de constitución de la Cámara y de la investidura del futuro ‘president’. Junqueras está internado en la prisión madrileña de Estremera desde el pasado 2 de noviembre, a unos 650 kilómetros del Parlament.
El vicepresidente cesado solicita «permisos de salida o excarcelación» para asistir a las sesiones de constitución y de investidura del Parlament de Catalunya en su condición de diputado electo, con el argumento, en base a las ‘reglas Mandela’, de que «los reclusos en espera de juicio gozarán de la presunción de inocencia y deberán ser tratados de forma consecuente con dicha presunción». De ahí que, al mantener sus derechos políticos, como son el de votar o el de ser elegido en un proceso electoral, pueda «ejercer sus funciones políticas esenciales«.
La defensa admite que el traslado a una cárcel catalana depende de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, pero entiende que debe contar con el visto bueno del instructor de la causa por rebelión contra Junqueras, el magistrado del Supremo Pablo Llarena. Lo habitual es que los presos preventivos permanezcan en una cárcel próxima al juzgado donde se realiza la instrucción del procedimiento en el que están inmersos, pero en este caso la defensa apela a su necesidad de asistir al Parlament para intentar que en su caso sea otro el criterio.
«Voto indelegable»
El escrito apela al artículo 4.1 del Reglamento del Parlament que establece el «deber de asistir a los debates y votaciones del pleno» de los diputados. Añade que «la persona del diputado es insustituible tanto formal y funcionalmente como por respeto al derecho fundamental del que la función legislativa es vehículo: la representación popular». Además, «su voto es indelegable», lo que casa mal con la pretensión de Junts per Catalunya de que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que se encuentra huido en Bruselas, pueda ser investido por vía telemática o a través de otra persona.
«Un diputado electo ha de poder emitir su voto y, por tanto, participar en el plenario. No hacerlo modificaría la aritmética parlamentaria y alteraría la voluntad popular que se expresa a través de sus representantes en las cámaras legislativas», sostiene en su petición el exvicepresidente catalán. Tanto él como el ‘exconseller’ de Interior Joaquim Forn y el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez son diputados electos y se encuentran en prisión por orden del juez Llarena.
El escrito, que también recuerda que Junqueras tiene dos hijos de dos y cinco años de edad, explica que su postulación política «no es táctica, sino congruente con sus antiguas responsabilidades y su compromiso político público», motivo por el que concurrió en las listas de ERC estando ya preso. Por eso, defiende que esta circunstancia no puede usarse como argumento para impedirle asistir a los plenos.
Como la Sala de lo Penal del Supremo le volvió a denegar la libertad la semana pasada, «el único instrumento para salvaguardar los derechos que asisten» a Junqueras «es la autorización para su traslado de centro penitenciario y el otorgamiento de permisos para su asistencia al Parlament», sostiene el documento.
De nuevo, ante el juez
Los que han elegido otra vía para tratar de lograr su puesta en libertad y así poder asistir al Parlament son Forn y Sànchez. Ambos, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, volverán este jueves a declarar ante el juez Llarena. A diferencia del 1 de diciembre, en esta ocasión prestarán una declaración extensa con la que tratarán de convencer al magistrado de lo innecesario que resulta su prisión.
Fuentes jurídicas señalaron que esta vez no se celebrará una vistilla para revisar su situación, ya que esa posibilidad se agotó cuando el alto tribunal unificó las dos causas abiertas por rebelión. Ahora las defensas han optado por solicitar de nuevo su excarcelación a través de la presentación de escritos, que serán resueltos por el magistrado tras recabar el correspondiente informe fiscal.
