El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, en prisión desde el pasado 2 de noviembre en la causa por rebelión, ha vuelto a insistir en su petición de ser trasladado a la prisión de Brian-I y ser excarcelado para asistir a los plenos del Parlament. En su recurso contra la negativa del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena a permitirle salir de prisión -que se extendió también a los también diputados electos Jordi Sànchez y Joaquim Forn– considera una «distorsión de la institución parlamentaria» el que ninguno de ellos pueda ejercer sus derechos políticos.
Según el escrito, «no resulta de recibo apelar a la existencia de un riesgo asociado a la movilización o apoyo popular» que pudieran tener los diputados presos negarles el permiso para acudir a los plenos. «Si una movilización popular no permite cercenar los derechos políticos de alguien en libertad provisional, a quien se puede apoyar públicamente de forma masiva, no tendría que hacerlo tampoco para alguien en prisión provisional», sostiene.
Añade que ese «razonamiento olvida que la medida cautelar de prisión provisional es compatible con el ejercicio de derecho políticos. Nadie diría que una salida a un hospital de un preso ‘desactivaría la prisión provisional’, ni tampoco asistir a un funeral de un pariente próximo», sostiene el abogado de Junqueras, que añade que «la jurisdicción penal es capaz de articular medidas que garanticen la custodia y el ejercicio de derechos políticos».
Libro del fiscal general
Para defender la excarcelación de Junqueras el recurso apela a una monografía del actual fiscal general del Estado, Julián Melgar, al respecto. «La filosofía que inspira la institución de la inviolabilidad e inmunidad parlamentarias, como tan acertadamente defiende Sánchez Melgal en la monografía de referencia en la materia, no es otra que la de garantizar al máximo las funciones del representante político y protegerlas, además, de la injerencia de otros poderes del Estado que supondrían un desgaste de los principios democráticos», afirma.
Otro de sus argumentos es que «nadie abogaría por restringir los derechos a la libertad religiosa o de culto, de educación o de asistencia sanitaria a un interno en prisión», también «habría de protegerse un derecho tan fundamental como el de participación política en cuya esencia se discute la legitimidad del propio sistema político y de justicia». Esgrime que la protección de los derechos políticos de un diputado implica la de la institución parlamentaria misma, que es un poder del Estado.
