La acusación que ejerce la Asociación contra la Gestión del Coronavirus ha solicitado a la jueza que instruye la causa sobre el 8-M que cite como investigado al director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón. En un escrito remitido a la jueza, esa asociación solicita además que se investigue por un delito contra los derechos fundamentales al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, único imputado en la causa, por una presunta prevaricación.
En el caso de Simón, el letrado Víctor Valladares, pide que se le investigue por desobediencia y por denegación de auxilio, además de considerar que ha incurrido en una «flagrante dejación de funciones» en la gestión de la pandemia y de afirmar, entre otras cuestiones, que animó a asistir a la manifestación con motivo del Día de la Mujer.
Tanto en su caso como en el de Franco, la acusación se apoya en el informe presentado por la Guardia Civil a la titular del juzgado de Instrucción número 51 de Madrid. La acusación se centra en buena medida en las reuniones mantenidas los días 5 y 6 de marzo por Simón y el ministro, Salvador Illa, con los organizadores de un congreso evangélico que debía celebrarse en España entre los días 19 y 21 de ese mes, y en los argumentos que -según el informe- les dieron para no celebrarlo.
El propio Simón ha explicado en rueda de prensa que ese informe no menciona que al Congreso iban a asistir personas de 120 países, algunos de ellos de riesgo, y que esa era una de las circunstancias que ya se intentaban evitar en esos momentos
La acusación sostiene que el epidemiólogo actuó de forma «evidentemente dolosa» prohibiendo unas manifestaciones y permitiendo e incluso «animando» a asistir a la del 8M.
La acusación quiere que la jueza reclame todas las comunicaciones existentes entre el Ministerio de Sanidad y el Centro de Coordinación de Emergencias relativas al coronavirus desde el 30 de enero de 2020 hasta el 15 de marzo de 2020 para determinar si desde el primero requirieron al segundo el auxilio que establece la ley y, de lo contrario, proceder contra Illa ante el Tribunal Supremo.
En cuanto a Franco, se trata de una ampliación de denuncia por las supuestas presiones que, de acuerdo con el informe de la Guardia Civil, se hicieron desde la Delegación del Gobierno para la desconvocatoria de otras manifestaciones convocadas entre el 5 y el 14 de marzo.
Simón afirma que no va a «abandonar el barco» y que seguirá trabajando
Simón ha asegurado este jueves en rueda de prensa que no «va a abandonar el barco», sino que va a seguir haciendo su trabajo «lo mejor que pueda» para combatir la pandemia de la Covid-19.
Preguntado por las peticiones para que dimita y por una denuncia presentada contra él en el juzgado, el experto ha puntualizado que si se considera que debe de dejar su cargo y «alguien toma la decisión de poner a otra persona en mi lugar, asumiré la orden que se me de y me hecharé a un lado». Pero ha precisado que «lo que no voy a hacer es abandonar el barco» al insistir en que seguirá haciendo un esfuerzo «por hacer mi trabajo lo mejor que pueda y que los equipos con los que trabajo estén también dirigidos de la mejor manera».
Simón: «Lo que no voy a hacer es abandonar el barco». «No creo que sea cuestión de abandonarlo para evitar ataques o riesgos de esta sobreexposición», ha insistido
Además, se ha referido a la denuncia presentada contra él por delitos de desobediencia y de denegación de auxilio y ha reiterado que no ha recibido ninguna información al respecto, pero, ha avanzado, que no tiene «nada que ocultar» y que facilitará a los jueces toda la información que le requieran.
La labor de Simón ha sido ensalzada por el ministro Illa, quien ha manifestado que se sentía «orgulloso» de contar con él al frente del Centro de Coordinacvión de Emergencias y Alertas Sanitarias, donde ha realizado un «servicio ejemplar durante toda la pandemia.
