El juez Manuel García Castellón ha imputado a Corinna Larsen y la ha citado el 8 de septiembre en la pieza donde investiga las grabaciones de las conversaciones que mantuvo con el excomisario José Villarejo en las que ésta hablaba de las cuentas de Don Juan Carlos en Suiza.
El magistrado de la Audiencia Nacional ha acordado la reapertura de esta pieza, denominada Carol y que es la número 5 del caso Villarejo, donde investiga esas supuestas grabaciones y también ha llamado a declarar como imputados al excomisario José Villarejo, a su socio Rafael Redondo y al expresidente de Telefónica Juan Villalonga, según confirman a Efe fuentes jurídicas este lunes.
En un auto, el juez explica que con posterioridad al sobreseimiento de 7 de septiembre de 2018, el juzgado ha recibido diversos oficios policiales en los que se han analizado el material intervenido en los domicilios de los investigados en esta pieza y la solicitud de cooperación judicial remitida por la Fiscalía suiza en relación con estos hechos, por los que el Ministerio Público de aquel país interesaba la colaboración del Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional por la conexión entre los hechos de ambas investigaciones.
En concreto, la reapertura se dirige a esclarecer la posible existencia de un encargo por parte de Corinna a Villarejo, encargo que vendría referido a la obtención en España de unos datos correspondientes a una persona de nacionalidad española, así como recabar todas las circunstancias que pudieron rodear este hecho, «sin perjuicio de que ello nos pueda llevar a otros tipos de infracciones».
El instructor detalla una de las conversaciones mantenidas entre Villarejo y Corinna Larsen en la que ésta le expone al comisario sus inquietudes respecto a una asistente personal española que pudiera estar filtrando información sobre su vida privada.
Villarejo le vendió sus servicios explicando que tenía los mejores especialistas del mundo. En ese sentido, el juez considera que debe esclarecerse si el encargo llegó a materializarse y si se abonó cantidad por ello, lo que podría constituir delitos de cohecho activo y pasivo en los que podrían haber intervenido los investigados por los delitos cometidos en España.
El magistrado argumenta en su escrito que los hechos analizados pueden acreditar la existencia de una posible actuación concertada dirigida por un funcionario público en activo, Villarrejo, que se lucra recibiendo importante cantidades para la ejecución de diferentes encargos, para los que se valía de su condición de policía.
En el marco de esta actuación criminal, añade García Castellón, «pudiera haberse producido algún tipo de encomienda por parte de Corinna Larsen a José Manuel Villarejo, para que, a través de las sociedades que integraban el llamado Grupo Cenyt, procediera a la obtención ilícita de determinada información».
