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La cuota del 6% de obra en catalán puede subir el precio de las plataformas o hacer que abandonen España, según experto

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) –

La cuota de producción del 6 por ciento que las plataformas prestadoras de servicio de catálogo, como Netflix, HBO Max, Disney+ o Prime Video, tendrán que ofertar por Ley en catalán, euskera o gallego puede producir una subida de precios a los usuarios, así como que las empresas abandonen España o apliquen apagones a zonas donde no les sea rentable emitir, según avisa Guillermo Rocafort, profesor de Derecho y Economía de la Universidad Europea.

El profesor advierte de que las plataformas internacionales de contenido audiovisual bajo demanda «tienen mucho poder y desde luego que presionarán cuando las regulaciones impuestas por los Estados miembro, en este caso el español, hagan que sus producciones no sean rentables, como hace cualquier otra empresa de esa magnitud y trascendencia mundial».

Así lo explica a Europa Press el experto en Derecho y Economía, al ser preguntado sobre si Netflix, HBO Max, Disney+ o Prime Video podrían recurrir a la Comisión Europea para impugnar esta decisión del Gobierno de España de obligarles, a través de la nueva ley audiovisual, a mantener un 6% de la obra de su catálogo en lenguas cooficiales del Estado –catalán, euskera y gallego–, como han pactado el Ejecutivo y ERC dentro de las negociaciones para sacar adelante el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022. El Ministerio de Cultura ha rehusado pronunciarse en relación con esta medida porque, según ha indicado, «es una Ley que lidera Economía y todavía no ha ido a Consejo de Ministros».

¿SE PUEDE OBLIGAR A NETFLIX?

Hasta donde se conoce, Guillermo Rocafort cree que España tendría capacidad real para obligar por Ley a las plataformas extranjeras –no radicadas en España como Netflix o HBO Max– a ofrecer una cuota de su catálogo de producciones en lenguas oficiales distintas al castellano.

«En principio, con la nueva Ley Audiovisual del Estado español (prevista su aprobación en el 2022 y su entrada en vigor en el 2023), que transpone una reciente Directiva de la Unión Europea, parece que sería posible, pero aún no conocemos el texto definitivo», señala el profesor, que añade: «Ahora mismo, estamos en el marco de una negociación urgente de unos Presupuestos Generales del Estado, donde parece que este asunto se ha podido utilizar como una moneda de cambio y esto es algo que no les va a gustar a las afectadas».

No obstante, fuentes del sector audiovisual español consultadas por Europa Press cuestionan que la legislación nacional pueda obligar a las plataformas de ‘streaming’ extranjeras a cumplir con esta cuota. «Dudas, todas», apuntan, para después agregar que, con la normativa europea «en la mano», España «no puede obligar» a Netflix porque no es un operador español. En cambio, recalcan que plataformas audiovisuales nacionales como Filmin, FlixOlé, Movistar+, Mitele o Atresplayer sí tendrían que cumplir con esta cuota lingüística.

Sobre si existe la posibilidad de que Bruselas imponga sanciones a España por esta decisión, el profesor de la Universidad Europea pone de relieve que «Bruselas, desde hace décadas, apostó por la llamada ‘excepción cultural’ como instrumento de protección de la denominada cultura europea, evitando así que los principios de libre competencia y la ausencia de subvenciones públicas sean los ejes vectores de las producciones audiovisuales, tal y como sucede en Estados Unidos».

EN ESPAÑA Y EN EUROPA, UN SISTEMA AUDIOVISUAL «CLIENTELAR»

«Esto explica por qué las producciones de Estados Unidos o de otros países emergentes como la India o Rusia tienen tanta fuerza comercial, mientras que en España y en Europa se ha creado un sistema audiovisual clientelar que cada vez tiene menos influencia entre los más jóvenes, que buscan y consiguen sus contenidos digitales preferidos por Internet sin grandes dificultades», sostiene el profesor de Derecho y Economía.

A tenor del acuerdo anunciado por ERC y el Gobierno, Guillermo Rocafort apunta que «no está claro» que estén obligadas a cumplir esta cuota lingüística empresas radicadas en España como Movistar+, Atresplayer, Mitele, Filmin y FlixOlé. «Nada está claro en este momento», subraya.

En cualquier caso, el experto consultado por Europa Press indica que «hay un dato empírico incontrovertible; el idioma castellano es hablado por 600 millones de personas en el mundo, y otros 400 lo están aprendiendo como segunda opción de lengua personal». «Frente a estas magnitudes cuantitativas es muy difícil luchar imponiendo estrictas regulaciones audiovisuales en defensa de idiomas locales sin impacto global», recalca.

Respecto a cómo afectaría esta medida al negocio de los operadores españoles y a los usuarios en España, Guillermo Rocafort explica que los operadores españoles, entendiendo como tales a las productoras, «pueden ver garantizada una cuota de producción, que será una especie de coto privado garantizado».

«Pero, como ya hemos visto en nuestros mercados y en los exteriores, no garantizará ni mucho menos la calidad y competitividad de los resultados finales, mientras que los usuarios españoles, en un ámbito de libertad como es Internet, no aceptarán imposiciones de idiomas locales porque en el ámbito de la estética, dichas imposiciones no suelen ser muy bien aceptadas por el público», comenta.

En este contexto, avisa de que «existen muchos riesgos adicionales» al de que las plataformas suban los precios a los consumidores para poder afrontar el coste de esta medida; «por ejemplo, que se vayan de España, como han hecho otras multinacionales al cambiarse el régimen regulatorio en nuestro país o que apliquen apagones a zonas donde no les sea rentable emitir».

Opina que la vía jurisdiccional española para las grandes plataformas «no es una opción porque adolece de muchas dificultades como lentitud y falta de previsibilidad, sin olvidar las propias influencias políticas locales». «Veo más posible que adopten posiciones de fuerza en el mercado audiovisual porque son titanes empresariales globales frente a los cuales los Estados Europeos no son rival en estos momentos», concluye.

La actual Ley General de la Comunicación Audiovisual, que data de 2010, obliga a los prestadores del servicio de comunicación audiovisual, a los operadores de telecomunicaciones que también difundan canales de televisión y a los prestadores de servicio de catálogo de programas, a destinar el 5% de sus ingresos de explotación a financiar obras audiovisuales europeas: películas para el cine y la televisión, series, documentales y películas y series de animación.

En este contexto, junto a la cuota de producción en lenguas cooficiales, el acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC prevé que el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) destine un 10% de lo que recauda a través del impuesto del 5% para financiar películas y series europeas a producir obra audiovisual en catalán, euskera o gallego.

Por otro lado, el Gobierno destinará 10,5 millones de euros a promocionar la obra audiovisual en catalán, euskera y gallego, tras acordar con ERC, EH Bildu y BNG una enmienda transaccional al proyecto de los presupuestos del Estado, mediante la que se recuperará un fondo específico que venía funcionando entre el 2009 y el 2011.

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