Desobediencia, como mucho. La abogada de Carme Forcadell ha atribuido la acusación de rebelión de la Fiscalía, que la Abogacía del Estado reduce a sedición, a una «exageración» deliberada de su actuación en el proceso soberanista. Incluso, no ha tenido reparos en reprochar a las acusaciones que se hayan «inventado» los tipos penales contra la ex presidenta del Parlament. «Ha aparecido en lugares donde no ha estado, se han inventado tuits y se han mutilado las declaraciones que sí realizó», ha asegurado antes de denunciar que «se le está juzgado por lo que es, y no por lo que ha hecho». «No podemos confundir a la señora Forcadell con el Parlament, y al Parlament con la señora Forcadell». «Si destrozamos los tipos penales destrozamos el principio de legalidad», ha protestado.
Para la letrada, todo responde al intento del Tribunal Constitucional (TC) de «criminalizar a la Mesa del Parlament» desde el momento en que se constató la mayoría necesaria para tramitar las leyes independentistas. Y no ha dejado pasar la oportunidad de recordar que la institución la presidía entonces «el hermano del coordinador (del dispositivo policial del 1-O) Pérez de los Cobos” que además, ha subrayado, fue «militante del PP», algo que en su opinión «explica bastante la actuación de dicho órgano».
En un ejercicio de trilerismo dialéctico, Arderiu ha negado que Forcadell recibiese siete advertencias del TC para que desistiera de su actuación, como recordó la Fiscalía: «Es mentira. Recibió cinco requerimientos, que son tres y que, en lo que aquí nos importa, son dos». De ahí que haya admitido la comisión de un delito de desobediencia «en el peor de los casos», no sin defender que las decisiones de la Mesa estaban «amparadas por la inviolabilidad parlamentaria».
Arderiu también se ha quejado por el supuesto agravio comparativo con su clienta respecto al resto de ex integrantes de la Mesa del Parlament, que van a ser juzgados en Cataluña solo por desobediencia mientras ella hace frente a una petición de 17 años de condena por parte de la Fiscalía (que la Abogacía reduce a diez y Vox eleva a 62).
En su informe final, la abogada ha acentuado que Forcadell actuó «en todo momento respetando el reglamento del Parlament, en defensa de los derechos fundamentales y amparada siempre en la inviolabilidad parlamentaria» en el ejercicio de «actos estrictamente parlamentarios». Esa inviolabilidad, ha añadido, «no es una excusa para cometer delito, sino una garantía».
Forcadell «no convocó el referéndum ni arengó a movilizaciones violentas», ha recalcado su abogada, para quien no se le puede responsabilizar de crear una «apariencia de legalidad» que sustentara el desafío secesionista. En primer lugar, ha argumentado, porque esas decisiones correspondieron a la Mesa en su conjunto y, además, «no tenían ningún efecto jurídico» ya que «fueron suspendidas al día siguiente» por el TC. «Todo el mundo sabía que el referéndum estaba suspendido», ha dicho. «Había publicidad, luz y taquígrafos». Del mismo modo, ha añadido, «tampoco podía prever que hubiera violencia» el 1-O ni podía imaginar «que la Policía iba a venir a cargar contra la población».
En la última sesión del juicio del «procés» también ha defendido la inocencia de Jordi Cuixart su abogada, Marina Roig, que ha enmarcado todas las concentraciones impulsadas por el independentismo en el derecho de reunión y de manifestación. La letrada no ha tenido reparos en denunciar que el presidente de Òmnium Cultural -en prisión provisional desde octubre de 2017- se sienta en el banquillo en aplicación del «derecho penal del enemigo», llegando a afirmar que «la defensa de la unidad de España no puede suponer el sacrificio de los derechos fundamentales».
Roig ha minimizado los altercados durante el registro de la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017 (los destrozos en dos vehículos policiales, ha insistido, no pueden desbaratar el carácter «pacífico» de la multitudinaria concentración) y ha recalcado que Cuixart hizo reiterados llamamientos «explícitos» al «comportamiento pacífico» de los ciudadanos. «La intención nunca fue impedir la actuación judicial, sino protestar por ella», ha añadido antes de afear a la Guardia Civil su «falta de entendimiento absoluto» por no «interlocutar» con los organizadores del acto (Cuixart y Jordi Sánchez, entonces presidente de la ANC) para garantizar que la protesta se desarrollara sin incidentes.
«En 2017 se produjo un conflicto político de gran calado en las relaciones entre Cataluña y España -ha sostenido la letrada- y una parte de la ciudadanía respondió a ese conflicto como corresponde a una sociedad democrática, saliendo a la calle» para ejercer «sin violencia» su derecho de reunión. Leyendo a toda velocidad los folios de su informe, Roig se ha quejado de que las acusaciones hayan «tergiversado el relato de hechos para hacer encajar la conducta atípica de Jordi Cuixart en los delitos que son objeto de acusación», al tiempo que, en un tono más político, ha defendido que «no hay Constitución sin democracia y no hay democracia sin participación ciudadana».
La abogada también ha exculpado de la movilización ciudadana el 1-O, pero ha dejado claro que «no hay un solo colegio en el que los ciudadanos se dirigieran a acometer a los agentes».
