El Tribunal Constitucional decidió en octubre de 2013 que el conocimiento del catalán no podía ser un requisito para el acceso a la función pública. Una sentencia a la que no debiera ser ajena la hoy consellera de Justicia de la Generalitat Valenciana, Gabriela Bravo, pues ocupaba el puesto de portavoz del Consejo General del Poder Judicial.
Cuatro años después, Bravo y Marzà o, lo que es lo mismo, el PSPV y Compromís, es decir Puig y Oltra, han acordado que el valenciano será obligatorio para lograr una plaza en la Función Pública Valenciana.
De Marzà nos podemos esperar casi cualquier cosa, pero no así de quien ha ocupado puestos de alta responsabilidad en el Consejo General del Poder Judicial y se supone que cuenta con unos conocimientos que le impedirían avalar una norma a sabiendas de que el propio Constitucional ya la ha tumbado con anterioridad. Desde luego, no.
Marzà y Bravo han aprobado un precepto que es claramente inconstitucional, sectario y antidemocrático. Es inconstitucional porque vulnera el precepto de que todos los españoles somos iguales ante la ley y tenemos los mismos derechos. Una cuestión que queda conculcada cuando se margina a quienes no alcanzan un nivel mínimo de valenciano.
Margina, además, a quienes procediendo de otra comunidad autónoma quieren optar a un puesto de trabajo en la función pública valenciana y margina, por último, a quienes teniendo sobrados conocimientos del objeto principal de la función pública no alcanzan el nivel que se les requiere en valenciano porque no es objeto principal de su cometido.
Es sectario porque no se trata de una norma universalmente anhelada, sino de la imposición de un partido que, aprovechando su condición de gobierno, ha hecho prevalecer una norma interna como obligación para todo el conjunto de la sociedad valenciana sin que exista necesidad de ello ni tampoco un deseo claramente mostrado de la mayoría de esa sociedad valenciana ni estudio alguno que avale tal necesidad. Y es antidemocrático porque no es el resultado de un consenso amplio, sino de la exigencia de un partido aprovechando su posición de influencia sobre otro para sacar adelante una ley.
La capacidad de Marzà para promover normas contra la mayoría de la sociedad es pública, notoria y evidente. Este conseller está empeñado en que todos los que vivimos en la Comunitat Valenciana aprendamos catalán, que lo hablemos y que, además, digamos que es genial poder expresarse en esa lengua.
Quienes de verdad nos hemos expresado siempre en valenciano, porque lo hemos mamado en casa, respetamos tanto esta lengua que no queremos que nadie la imponga. Y entendemos, también, que para un estudiante, hoy día, es mucho más interesante hablar inglés, francés, alemán, ruso o chino que ese catalán que quiere imponernos Marzà.
Yo creo que el conseller de Educación debiera empezar por educar sus propios apetitos políticos y dejar de poner en marcha medidas que invitan al sarcasmo o caen de lleno en el más estrepitoso de los ridículos. Por ejemplo, qué hacen un funcionario de la Vega Baja y un ciudadano de esa comarca hablando en valenciano cuando no lo hacen nunca y bajo ningún concepto en su vida cotidiana.
Política no es ni debe ser locura, ni extremismo ni dictadura sino coherencia, sentido común y diálogo. Exactamente todo aquello de lo que carece este Consell cansino y cansado, que sube los impuestos, nos obliga a hablar en valenciano y dicta leyes contra el criterio de los ciudadanos.
Decía Montesquieu que «no existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencia de justicia», aunque por lo visto, sinceramente, tengo serias dudas de que Bravo y Marzà hayan leído a Montesquieu.
Rafael Candela de la Fuente es vicesecretario general de Política y Organización del Partido Popular en la Provincia de Alicante
