La Fiscalía está ultimando una querella por rebelión contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que presentaría solo si en los próximos días proclama la independencia de Cataluña. El delito de rebelión está penado con hasta 30 años de prisión.
Que la denuncia de formule ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o ante la Audiencia Nacional dependerá de la inmunidad parlamentaria de Puigdemont, pues en este momento es aforado y la competencia para investigarle es del TSJC, donde ya está imputado por desobediencia, prevaricación y malversación.
No obstante, en cuanto sea suspendido tras la aplicación del artículo 155 ya habría vía libre para que la rebelión recayera en la Audiencia Nacional, donde Carmen Lamela investiga al mayor de los Mossos d’Esquadra, José Luis Trapero, y los líderes de la ANC y Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, por sedición. En el auto de prision de estos dos últimos, Lamela ya hablaba de «una compleja estrategia» para lograr la independencia de Cataluña. Según los informes policiales, esa estrategia estaría dirigida por el gobierno de la Generalitat.
